El magistrado impuso una fianza personal al abogado de la defensa, José Latorre, de 50 millones de guaraníes y las prohibiciones correspondientes para el encausado, como la de salir del país y de cambiar de domicilio; además, Cárdenas cada mes debe ir a firmar el libro de acta.
La magistrada Rosarito Montanía había remitido a la Fiscalía los antecedentes contra Cárdenas por el incumplimiento a la petición del Juzgado de enviar en un plazo de 20 días un informe sobre los datos de un inmueble.
Dicho pedido fue solicitado mediante un amparo constitucional por Vicente Gómez de la Fuente –quien sería el dueño de la propiedad de 1.200 hectáreas, ubicada en el Departamento del Alto Paraná– a la jueza Rosarito Montanía, pero el titular del Indert hizo caso omiso a la petición, por lo que fue imputado por desacato.