Representantes de jubilados del sector público afirmaron que Hacienda se equivoca en el enfoque en torno a que supuestamente habrá un descalabro financiero si se actualizan los haberes jubilatorios respecto de los activos.
Vidal Benítez, de la Fundación Paraguaya de Funcionarios Públicos Jubilados y Activos del Programa Administración Central (Fundajubi) y Guzmán Garay, representante de la Asociación de Jubilados del Sector Civil, explicaron que cuentan con datos fidedignos por lo que se puede implementar esa actualización para equiparar los ingresos.
“Tenemos números que los propios técnicos de Hacienda no están en condiciones de brindarle al ministro. Hay posibilidad de actualizar sin las tormentas de las que se hablan, pero si se toman las decisiones hoy mismo”, explicó el primero citado.
Recordó que no sería la primera vez en aplicarse alguna actualización, ya que en 1997 se tuvo la primera y durante el gobierno de Luis González Macchi la segunda, con sus anexos correspondientes.
“Pero resulta que por la Ley 2442 de diciembre pasado estamos pagando el déficit del Ministerio de Educación, por lo cual en condiciones iguales los superavitarios abonamos USD 138 millones anuales, a un promedio de USD 900.000 mensuales cada sector. Como somos tres que tenemos superávit, suman mensualmente USD 2,7 millones”, explicó.
A su criterio, los militares están en terapia intensiva así como los policías y maestros. Relató, igualmente, que con respecto a la posibilidad de actualización de haberes, existe un dictamen favorable de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados; mientras que hay otro desfavorable en la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, pero basado en dictámenes e informes técnicos de Hacienda totalmente negativos.
Garay recordó que hace 109 años Hacienda maneja los fondos de jubilados, pero que la Constitución autoriza a estos a que sean los administradores, sin poder hacerlo en la realidad.
