Asunción tiene 75 años. En plena dictadura ejerció la docencia desde los 17 hasta los 23, entre árboles y piso de barro, en su querida Concepción. Luego trabajó tres décadas más en la función pública. Hoy percibe una jubilación de G. 2.400.000. Dominga asistió a centenas de pacientes en el laboratorio del Hospital de Clínicas por más de 30 veranos y se jubiló recién en el 2014, a la edad de 75 años. Hoy espera ansiosa el fin de mes para cobrar la suma de G. 2.000.000.
Historias como las de ellas, con diferentes matices y nombres, se multiplican cada año en la sociedad paraguaya. El punto común es que la mayoría de la población se esfuerza durante décadas, pasa penurias en el sistema de salud del IPS (no halla turnos, camas ni medicamentos), para en su vejez recibir una ínfima compensación. Incluso son afortunados los que llegan a cobrar sus haberes jubilatorios.
Por el otro lado, unos pocos ciudadanos que creen pertenecer a una casta selecta, como aseguró el diputado Carlos Portillo, impulsan una ley inhumana y absurda desde el punto de vista económico. La jubilación de los congresistas, con 10 años de aporte y 55 años de edad, no solo tira por el tacho el concepto de la representación del pueblo en el Poder Legislativo, sino que pone en riesgo la propia sostenibilidad fiscal.
Si hoy los contribuyentes ya están manteniendo salarios astronómicos (G. 32.774.840 más otros beneficios), esta jubilación vip se traduce en una nueva cachetada, ya que diputados y senadores recibirán el 60% de su dieta (G. 19.664.904) al cumplir dos periodos. Con tres ciclos en el Congreso o en el Parlasur (180 meses de aporte) y 55 años cumplidos, los legisladores podrán acceder a la jubilación ordinaria, con el 80% de su salario, G. 26.219.872).
Este tipo de privilegios evidencia que los congresistas no representan en lo más mínimo al pueblo (como se jactan en las elecciones), sino que representan a sus propios bolsillos o viven en una nación imaginaria. El país real sufre. Posee un 26,40% de pobreza y 4,41% de pobreza extrema. Significa que casi dos millones de paraguayos son pobres y que 302.000 son indigentes. Al parecer, esto no se ve.
IMPUESTOS FORZADOS. Para poder pagar los beneficios de los paraguayos no comunes, y a la vez cumplir con las necesidades sociales, se terminan ideando impuestos risibles o se trastocan gravámenes ya establecidos en detrimento de los tributantes. Los impuestos indiscriminados a las compras que se hacen por internet en el exterior, el IVA a los préstamos cooperativos y la modificación del IRP iniciaron la salida de emergencia para el Fisco.
Ahora, el Congreso sancionó (pasa al Ejecutivo) el proyecto de ley de incentivo al cine, que establece el impuesto al consumo de plataformas audiovisuales contratadas en el exterior. Es decir, los usuarios de Netflix, Spotify, Hulu y demás proveedores de contenidos tendrán que tributar para paliar el déficit fiscal. Los importes serán retenidos por las procesadoras de tarjetas de crédito y débito. Según la normativa, el 50% de esta recaudación se destinará para fomentar la industria cinematográfica local, pero ¿adónde irá la otra mitad?
Antes que luchar contra el despilfarro político o contra la evasión, se recurren a estas medidas que solo atentan contra el dinamismo económico y generan incertidumbre, mientras que algunos individuos expanden sus ya cuestionados privilegios.
