Imagen: Publicación del diario impreso
Por Luis Bareiro | lbareiro@uhora.com.py
La serie de recusaciones que se presentaron en contra de todos los fiscales que investigan el uso de fondos de Itaipú en el financiamiento de la campaña electoral colorada tiene como principal objetivo apartar a los agentes del Ministerio Público del caso para hacer desaparecer los documentos a los que accedió la Fiscalía de Delitos Económicos: papeles que prueban la comisión del delito.
Son las facturas de las empresas JOP Publicidad, KAD Estudio y Ramiro Pankow contratadas por Itaipú para organizar eventos y producir materiales como pasacalles, pancartas, camisetas y quepis.
La investigación de ÚH sobre el uso de fondos públicos en campañas electorales reveló que tanto los actos como los materiales pagados por Itaipú estaban relacionados en realidad con la campaña electoral de la ANR y no con acciones ni proyectos de la binacional.
De hecho, muchos de los documentos que obran en los archivos de la Fiscalía fueron presentados por periodistas del diario, quienes instalaron una denuncia formal del caso para que los agentes del Ministerio Público pudieran allanar las oficinas de las firmas involucradas y rescatar los originales.
Son esos mismos originales los que se pretende hacer desaparecer.
Hasta ahora, el equipo de abogados contratados por el equipo de colaboradores del ex director de Itaipú, Víctor Bernal, recusó a los fiscales Rocío Vallejo, René Fernández, Liliana Alcaraz, Arnaldo Giu-zzio y Carlos Arregui, todos pertenecientes a la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía.
También recusaron a los ministros de la Corte Suprema de Justicia Alicia Pucheta y José Altamirano, impidiendo que analizaran la recusación presentada inicialmente en contra de la fiscala Vallejo.
Esta ola de chicanas jurídicas -cuyo único fin es dejar fuera a los agentes del Ministerio Público- se produjo sin que hasta el momento se haya realizado una sola imputación, lo que significa que los abogados ni siquiera pueden ser aún parte del caso.
