Una auditoría interna del Instituto de Previsión Social (IPS) destapó un presunto esquema de manipulación de registros informáticos que habría permitido ocultar deudas por aportes obrero-patronales superiores a G. 7.670 millones.
El informe sindica a 14 funcionarios cuyos usuarios aparecen vinculados a alteraciones realizadas entre enero de 2024 y mayo de 2025, beneficiando a 59 empresas.
Mediante estas operaciones, las obligaciones impagas fueron transferidas irregularmente desde los empleadores originales a otras firmas.
Los hallazgos forman parte del Informe Final AI Nº 01/2026. Según el documento, las irregularidades consistieron en la modificación de datos identificatorios de empleadores dentro del sistema REI (Registro Electrónico de Información), utilizado para el control de aportes y obligaciones patronales.
La auditoría determinó que el monto total comprometido asciende a G. 7.670.652.234.
EL MECANISMO. El principal método identificado consistía en cambiar el número de RUC y la razón social de una empresa deudora dentro del sistema informático, manteniendo invariable el identificador interno del empleador.
De esta manera, la deuda dejaba de aparecer asociada a la empresa original y pasaba a figurar bajo otra identidad, generando la apariencia de que la patronal inicialmente morosa se encontraba al día con sus obligaciones.
La auditoría documentó casos en los que los datos fueron transferidos a personas fallecidas, contribuyentes inexistentes o registros que no coinciden con las bases tributarias oficiales. Uno de los ejemplos citados corresponde a la sustitución de datos de una patronal por los de una persona fallecida que, según los registros, habría tenido 117 años de edad.
El informe sostiene que estas modificaciones permitieron que empresas con deudas reales obtuvieran de manera irregular constancias de cumplimiento o certificaciones que acreditaban la inexistencia de obligaciones pendientes ante el IPS para acceder a trámites y servicios institucionales, incluyendo solicitudes de préstamos en la Caja de Préstamos del IPS y otras gestiones que exigen acreditar situación regular ante la previsional.
Los auditores detectaron indicios de utilización de herramientas de acceso remoto, para ejecutar modificaciones desde ubicaciones distintas a las que correspondían a los usuarios habilitados.
Asimismo, se verificaron situaciones en las que una persona iniciaba sesión con una cuenta de dominio y posteriormente operaba el sistema REI utilizando credenciales diferentes, dificultando la identificación del verdadero responsable de los cambios.
Otra de las observaciones apunta a la utilización de una ventana informática denominada “Modificación de Datos del Sistema REI-Interno”, que debía estar destinada únicamente a consultas.
También se constató que funcionarios mantenían privilegios administrativos incluso después de haber dejado sus cargos o de haberse solicitado formalmente la revocación de sus accesos.
Una maquinaria que opera sin castigo hace años
Esquema para ocultar a morosos en aporte patronal sería una práctica de años, señalan los registros de Auditoría Interna del Instituto de Previsión Social (IPS).
Como antecedente la previsional había denunciado esta práctica en el 2022 con un daño de G.5 mil millones. Para el periodo comprendido de enero de 2024 a mayo de 2025, se encontró alteraciones por más de G. 7 mil millones.
Auditoría Interna del Instituto de Previsión Social en su informe de enero de 2026 sobre alternación del sistema informático para ocultar deudas de aporte patronal, recalcó que los registros históricos examinados por la auditoría muestran modificaciones que se remontan al menos desde el 2010.
Los investigadores identificaron una concentración importante de cambios entre mayo y octubre de 2024, período en el que determinados usuarios realizaron múltiples operaciones sobre registros patronales.
La auditoría concluye que las irregularidades fueron posibles debido a debilidades en los mecanismos de trazabilidad, control de accesos y supervisión informática.
Entre las recomendaciones figura el fortalecimiento de los controles internos, la revisión integral de privilegios administrativos, la implementación de auditorías permanentes sobre modificaciones de datos sensibles y la remisión de los antecedentes a las autoridades competentes para determinar responsabilidades administrativas y penales.
