Las fiscalizaciones iniciadas por el Instituto de Previsión Social (IPS) a 96 empresas, varias de las cuales fueron denunciadas por sus propios trabajadores por hacerlos trabajar a pesar de figurar como suspendidos en el Ministerio de Trabajo, arrojaron como resultado la detección de cobros irregulares de subsidios por trabajadores suspendidos en cinco de ellas. Por tanto, estas empresas deberán devolver a la previsional un total de G. 1.276 millones y en caso de que no lo hagan, serán denunciadas ante el Ministerio Público, según confirmó el Abg. Carlos Alberto Bogado, director de Aporte Obrero Patronal del IPS.
Bogado señaló que las investigaciones se iniciaron hace tres meses, tras varias denuncias recibidas en el IPS y el Ministerio de Trabajo, aunque señaló que esta cartera nunca derivó a las autoridades competentes de la previsional las quejas recibidas.
“Recibimos las denuncias en el IPS y comprobamos que muchas no correspondían, pero ante la existencia de quejas, comenzamos a fiscalizar a las empresas, en principio a 96, con cruce de información entre los ministerios de Hacienda, de Trabajo y de Estadísticas y Censo, y comprobamos que algunas suspendieron hasta al 100% de sus empleados, a pesar de lo cual siguieron trabajando”, señaló Bogado.
Agregó que proseguirán con las investigaciones hasta llegar a verificar a las 272 empresas que podrían haber incurrido en irregularidades.