El Consorcio Vial Sureño fue adjudicado para realizar la obra, por un total de G. 100.029.583.901. Luego, como parte de este contrato, se acordó un convenio –autorizado por resolución ministerial N° 1021 de fecha 6 de agosto de 2013– con el representante legal del Consorcio por trabajos adicionales imprevistos en la banquina, por la suma de G. 5.836.700.000.
Con esto se dio el cambio del paquete estructural de las obras inicialmente contratadas, más específicamente la sustitución de la pavimentación tipo empedrado por pavimentación tipo asfaltado.
Ahora, la DNCP verificará si es procedente o no el convenio modificatorio efectuado en el marco de la presente licitación, y en caso de que no lo fuera solicita la declaración de nulidad del mismo, en el marco de la ejecución del tramo de la ruta.
Estas modificaciones debían ajustarse a las disposiciones del artículo 62 de la Ley 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, que aclara que “solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan el 20% del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables respecto a las señaladas originalmente en el contrato”.
La denuncia contra la licitación fue presentada por Esteban Sarubbi (en representación de la Secretaría General del MOPC) ante Contrataciones Públicas. La actual administración de la cartera estatal desconfía del acuerdo y la validez del desembolso comprometido a favor de la misma por los trabajos adicionales.
La ruta IV fue inaugurada en el 2000 y ocho años después empezó a mostrar deficiencias, por lo que el MOPC decidió hacer las reparaciones.