El gobernador representa al Poder Ejecutivo en la ejecución de la política nacional, dice nuestra Constitución Nacional, y es por definición, junto con las municipalidades, la autoridad más cercana a las comunidades y a sus necesidades.
En el caso de las acusaciones que pesan sobre el gobernador de Central, Hugo Javier González, se presume que administró mal recursos que eran fundamentales para las comunidades en tiempos de pandemia por el Covid-19-.
El Ministerio Público procesó al gobernador Hugo Javier González, y a otras 14 personas, entre funcionarios de la Gobernación, contratistas y miembros de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), por la supuesta existencia de un esquema para obtener dinero a través de obras fantasmas. Todos ellos están imputados por lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
La Gobernación de Central había recibido 1 millón de dólares, provenientes del fondo de la Ley de Emergencia para financiar proyectos de reactivación, de los cuales G. 5.105 millones, unos 800.000 dólares, fueron entregados a la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), para la ejecución de obras viales y mejoramiento de espacios públicos. Pero, y esta es la primera denuncia, en la rendición de cuentas aparecieron facturas clonadas, y aparentemente obras fantasmas.
La segunda denuncia fue hecha la semana pasada, y se refiere a un perjuicio patrimonial de G. 18.000 millones, dinero que habría desaparecido sin documentaciones.
Los concejales del Departamento Central aprobaron el pedido de intervención, y durante la sesión, el concejal Derlis Larroza señaló que: “Estamos hablando presumiblemente de varios hechos punibles, tipificados como delitos y crímenes. Hablamos además de que en estos últimos tiempos principalmente hubo una ausencia total del Gobierno departamental precisamente cuando la ciudadanía centralina y nacional esperaban que sus autoridades puedan defenderles de esta situación (pandemia)”. También afirmó que “la Gobernación bajo la administración de Hugo Javier fue negligente en grado criminal y creo que si hacía su trabajo muchas vidas se pudiesen haber salvado si estos recursos se hubieran utilizado de buena manera y en beneficio de la ciudadanía”.
La decisión de intervenir o no la Gobernación de Central se encuentra ahora en manos del Poder Ejecutivo que a su vez debe remitir la solicitud de intervención a la Cámara Baja.
La Justicia deberá ser implacable, para dilucidar si las acusaciones en contra del gobernador son ciertas. Las autoridades electas y los funcionarios públicos deben tener presente, en cada una de sus acciones, que son administradores de los bienes y los recursos públicos, y que la transparencia y honestidad no son requisitos opcionales, sino una obligación. Este caso debe servir como advertencia para todas las autoridades, debe ser un recordatorio para ellos, de que si se desvían del camino y traicionan la confianza de la ciudadanía, deberán responder por sus acciones ante la Justicia.
