Sin embargo, hasta ahora, el caso no tiene juez, ya que se encuentra pendiente de resolución una recusación contra el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, con lo que la causa está parada a la fecha.
Además de Miguel Prieto, también piden juicio oral para Francisco Arrúa Álvarez, Maggi Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán (concejal municipal), Higinio Ramón Acuña, todos funcionarios.
Además, se acusa a Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo y Emili Vanessa Florentín Páez (presidenta de Vanemi SA). También a Fermín Ávalos Britos, propietario de la empresa Tía Chela SRL, que fue adjudicada por la Municipalidad de Ciudad del Este; José Félix Cáceres Galeano y Julián Benítez Gamarra.
Según la acusación, todas estas personas supuestamente, formaban parte de un esquema encabezado por Prieto, que desviaba recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas afines o funcionales a su persona, causando perjuicio patrimonial al municipio esteño.
Según la defensa, todo es una persecución política. Es más, alegan que quieren incluso alquilar un estadio para que las 75 mil personas beneficiadas con los alimentos, se presenten a reconocer las firmas que certifican que recibieron los mismos.
El caso está parado, ya que no se define aún si el juez Otazú deberá seguir en la causa o se admitirá la recusación.
