18 jul. 2025

Intendenta acusada por desvío se defiende ante diputados

24840817

Procesada. Mirtha Fernández muestra pruebas documentales.

ARCHIVO

La intendenta de la ciudad de Valenzuela, Mirtha Fernández –acusada por la Fiscalía por supuestos desvíos de G. 1.199 millones en obras–, afirmó que no existen irregularidades en obras como empedrados, parques infantiles y otros. Por ello, remitió comprobantes a la comisión de la Cámara de Diputados.

La jefa comunal ya está por tres periodos en el cargo y fue procesada por el Ministerio Público por supuestas irregularidades, como casos de obras que se realizaron dos años después del desembolso del pago. En la causa está pendiente la audiencia preliminar, pero hasta ahora la Corte no resuelve una acción.

DESMIENTE. Fernández remitió ante la Comisión Especial de Investigación comprobantes de pagos de las obras realizadas, acompañadas con fotografías, ubicación y los montos. Se trata de obras como: empedrados, parques infantiles, reparación de caminos, canalización y perfilados en distintas compañías del distrito; reparación de aulas y construcción de veredas.

En su descargo, Fernández también presentó pruebas documentales con las que comprobaría que las obras sí se ejecutaron. Ahora, la Comisión Especial se encargará de verificar la zona.

Los fiscales Diego Arzamendia y Néstor Coronel habían acusado en marzo pasado a la intendenta y a otras 11 personas por el supuesto desvío de G. 1.199 millones en obras que se debían finalizar en el 2019, pero que no se hicieron, y otras que no se concluyeron, pero se pagaron.

Estas obras –según documentos presentados a Contraloría– fueron abonadas y finalizadas. Sin embargo, los documentos presentados serían falsos. La acusación es por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y declaración falsa.

Más contenido de esta sección
La Sala Civil de la Corte Suprema rechazó la demanda promovida por un ex funcionario de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), quien reclamaba alrededor G. 5.400 millones como indemnización por supuestos daños y perjuicios derivados de una destitución que consideraba injustificada.
Tres camaristas revocaron la prisión de un policía quien habría abusado de manera sistemática de su hijastra en 7 años. Debía cumplir arresto en la propia Comisaría, pero desapareció de allí. El Jurado habla de un hecho de gravedad.
El abogado Renato Ortiz, querellante adhesivo en la causa por supuesto abuso sexual contra el ex diputado Juan Carlos Ozorio, dice que la madre de la víctima tuvo miedo en los primeros meses, porque el denunciado era un legislador con mucho poder. En el caso, la jueza de Garantías fijó para el próximo 23 de julio, a las 09:00, la audiencia preliminar.
La jueza de Ejecución Lidia Wyder dispuso la captura nacional de la ex directora de Administración y Finanzas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Maristela Azuaga, para que cumpla con su condena de 10 años de prisión. Azuaga es una de las sentenciadas junto con los ex ministros Rody Godoy y Enzo Cardozo, por un perjuicio patrimonial de G. 68.000 millones.
La Sala Penal de la Corte rechazó las aclaratorias planteadas por los condenados, el ex diputado Carlos María Soler y Pedro Enrique Gómez de la Fuente, en la causa donde cobraron coima por trámites realizados ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
La nueva defensa de Gianina García Troche, esposa de Sebastián Marset, denunció que la procesada ya perdió 14 kilos y tiene un grave deterioro de la salud por las condiciones de reclusión, con lo que solicita una inspección médica integral. Además, requirió ampliar el horario para que sus abogados puedan visitarla.