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Instituciones y personas condenadas por Curuguaty

La labor de jueces y fiscales es un trabajo de una finura ética que no admite en su realización la presión ni siquiera de las organizaciones a las que pertenecen. Es su conciencia según las pruebas fehacientes, la que les tiene que mover.

Ayer veíamos cómo en el juicio de Curuguaty esto no se cumple. Se hacen desaparecer pruebas, no es completa la investigación de las víctimas ni de los que pudieron ser los victimarios. Dan la impresión de que obedecen órdenes de hacerlos condenar a como sea.

Pero hay cosas que también muestran la intromisión del poder legislativo en el judicial de los jueces y fiscales.

Al comienzo de todo existe una carta del diputado Tuma al juez de Curuguaty pidiéndole la expulsión de los campesinos de Marina Cué.

Poco después existe un documento del senador Efraín Alegre, presidente entonces de la Comisión Bicameral durante las vacaciones, al ministro del Interior comunicándole que existen votos suficientes para pedirle lo mismo. Después vino la masacre y estos miembros del legislativo no han mostrado ningún pesar por lo que se desencadenó.

Años después y durante el juicio, Diputados aprobó, no sabemos por qué a menos que hubiera coimas, el regalo de la familia Riquelme de las tierras de Marina Cué para convertirlas en reserva natural con la condición de no ser entregadas a los campesinos. Algo absurdo porque nadie puede donar lo que no le pertenece y los Riquelme no tienen ninguna prueba de posesión sobre Marina Cué.

Fue una decisión tomada al margen del sentir del pueblo y en medio de un juicio con un Tribunal y un Ministerio Público claramente parcializado. Hemos criticado muchas veces la actitud contra los campesinos del fiscal Jalil Rachid y de los que le sucedieron. Esto salpica al entonces fiscal general, Díaz Verón, al que estaban sometidos. Hay personas e instituciones que un día han de responder ante la justicia verdadera.

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