Política

Instan a no pagar multa ni hacer el servicio civil a los objetores

 

Las organizaciones de jóvenes como la Federación Nacional de Estudiantes (Fenaes) con el apoyo del Servicio de Paz y Justicia - Paraguay (Serpaj-Py) se manifestaron en contra de las políticas de Estado que buscan que los jóvenes realicen tanto un servicio militar obligatorio como un servicio civil obligatorio en el caso de declararse objetor, así como también rechazan el pago de multas para no realizar ninguna.

Lea más: Desirée Masi critica al defensor del Pueblo y dice que merece juicio político

Al respecto Vidal Acevedo, de Serpaj-Py, indicó que estuvieron acompañando las movilizaciones de los jóvenes y los procesos que se llevan adelante en las oficinas de la Defensoría del Pueblo respecto a las personas que se acercan para declararse objetores de conciencia.

“Nosotros estamos armando reuniones con los grupos juveniles que están preocupados por el tema de manera a tratar de contrarrestar esta situación, vamos a ver la forma de conformar una plataforma con organizaciones juveniles. De hecho ya estuvimos apoyando la marcha de la Fenaes y venimos realizando alianzas con grupos universitarios, vamos a ir viendo qué tipo de acciones realizar para tratar de contrarrestar esto”, explicó, señalando que la posición de ellos y las organizaciones juveniles es no pagar la multa ni permitir que se realice el servicio civil de manera obligatoria para el objetor.

inconstitucionalidad. El Serpaj-Py había presentado una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 4013/2010, la cual a partir de su reglamentación este año a cargo del Concejo Nacional de Objeción de Conciencia, generó la sicosis colectiva de jóvenes que se agolparon a inscribirse como objetores en las oficinas centrales y distritales de la Defensoría del Pueblo, así como las manifestaciones en contra.

Según explicó Acevedo, la acción de inconstitucionalidad fue rechazada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero por errores de forma y no de fondo.

“La Sala Constitucional rechazó por una cuestión de forma y no de fondo, porque faltó una firma en una de las hojas, un cuestión mínima y de formalismo técnico-jurídico... La Sala sigue una línea de no atender o rechazar acciones de este tipo, como por ejemplo todavía no tenemos un veredicto cuando presentamos una inconstitucionalidad contra la Ley 5036/2013 que militarizó la zona Norte”, detalló Acevedo respecto a la acción.

Muerte del SMO. El representante del Serpaj-Py manifestó que a su criterio, la masiva movilización de jóvenes para no realizar el SMO significa la muerte oficial de este tipo de prácticas.

“Esa larga fila de jóvenes que están declarando su objeción de conciencia simboliza la defunción del servicio militar obligatorio (SMO), ya que si bien algunos realizan su SMO es mayor el número de los que no quieren saber nada de eso, como ellos dicen, no están “ni ahí” con el SMO, ya no están para eso, y prefieren estudiar, ir a la universidad o para trabajar”, expresó Acevedo.

Recordó que los jóvenes que hoy se declaren objetores de conciencia aún no realizarán el servicio civil, ya que la Defensoría del Pueblo aún se encuentra en proceso de organizar esto y por ello dio un periodo de gracia de seis meses.

Aclaró que la posición de ellos es que tanto el SMO como el servicio civil sean optativos y remunerados, y que lamentan la sicosis generada por la desinformación de los órganos responsables del Estado.

En los años 90 vendían la baja militar


En el año 1996, una investigación periodística de ÚH publicó cómo un copetín de nombre Jim West vendía en ese tiempo a G. 300.000 la baja militar para no realizar el Servicio Militar Obligatorio (SMO).

El trabajo demostró que los propios militares manejaban una red corrupta de recaudación ilegal a través del citado copetín como lugar donde se realizaban los trámites para obtener secretamente la libreta de baja militar.

Operativo. A través de un infiltrado que se hizo pasar por un supuesto interesado en “comprar la baja”, el ciudadano objetor Mario Patricio Franco Olivetti, militante del Movimiento Objeción de Conciencia, ingresó al local y realizó el trámite, pagando la suma total de G. 300.000 para recibir el documento unos dos meses después.

Una vez comprobado el hecho, las autoridades de Justicia procedieron al allanamiento del citado local, ubicado al lado de la entonces Dirección del Servicio de Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas (Disermov), sobre la avenida Eusebio Ayala. La investigación periodística demostró lo que era un secreto a voces y se dio en muchos puntos del país donde funcionaba la venta de bajas.



Dejá tu comentario