Política

Informe de Codehupy cuestiona manoseo político a la Justicia

 

A las 8.00 horas, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presenta su informe anual 2018, donde analiza, entre otros puntos, cómo la corrupción tiene implicancias sobre el sistema de justicia, la institucionalidad democrática y los derechos humanos.

Puntualmente, el caso que habla de la corrupción expresada en formato de injerencias políticas al sistema de justicia es el Curuguaty, donde los jueces Arnaldo Martínez Prieto y Emiliano Rolón, quienes absolvieron a los campesinos condenados, fueron enjuiciados por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

“La injerencia de la dirigencia política en el sistema de justicia ha impactado en las garantías del debido proceso y las garantías judiciales en general, expresando de este modo una forma de corrupción”, manifestó Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la Codehupy.

Opinó en que es una suerte de episodio que se repite dentro de un patrón de actuación que hace tiempo la Codehupy viene denunciando, y consiste en el amedrentamiento, en este caso de la Fiscalía, unida a determinados grupos políticos, a aquellos jueces que exigen las garantías del debido proceso a las pretensiones de la Fiscalía, que calificó de arbitrarias.

“En este caso en particular, el fallo de Curuguaty, a tiempo de poner límite a los abusos que se dieron en ese caso, también en sí mismo es una crítica a cómo la Fiscalía lleva adelante muchos de estos procesos”, señaló.

Dijo que, para ellos, el fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirma las denuncias que durante varios años realizaron las organizaciones sociales de derechos humanos contra los abusos en los procesos judiciales.

“Esta es una forma en que también se expresa la corrupción y que afecta severamente la independencia de la Justicia, perjudicando los derechos humanos, las garantías judiciales y el debido proceso para la gente”, indicó.

OTROS TEMAS. El informe de Codehupy también aborda numerosas denuncias de violación a derechos de la niñez, de la mujer, de los pueblos indígenas, de comunidades campesinas, de defensores de derechos humanos. También abusos contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI); de personas privadas de libertad; de personas viviendo con VIH; de trabajadores y trabajadoras; y violaciones a los derechos a la educación, la salud, la seguridad ciudadana y la alimentación. “Hay también un capítulo especial que presenta la coyuntura con relación a la cuestión de la reforma agraria, y se incluyen temas nuevos como la situación de los refugiados en Paraguay, así como también el tema de los derechos digitales, es decir, los derechos en la red, que son derechos emergentes en el ámbito de los derechos humanos.

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