Por Miguel H. López
DIEZ KUE, BOQUERÓN
“Llegamos”, anuncia el guía. La polvareda levantada por la camioneta sobre el talcal se disipa y paulatinamente aparece a la vista todo el drama: decenas de indígenas guaraní-occidentales, entre ellos 75 niños, tirados en medio de la nada. Eran cerca de las 14 y el sol reverberaba el paisaje de lodo blanco seco y agresivos cactus en Matarife, predio del III Cuerpo de Ejército, en la zona de Mariscal Estigarribia, Chaco Central.
El 1 de setiembre habían sido dejados en el sitio después de un violento desalojo en Diez Kue, ejecutado por la fiscala Nuria Isnardi, sin orden judicial y sin tener a su cargo la causa.
En vehículo alquilado por Siegfried Penner –cuñado de la fiscala–, con 3 agentes policiales y 3 funcionarios militares, derribaron las casas, arrasaron los cultivos y trasladaron enseres, animales y parte de las pertenencias nativas a Mariscal Estigarribia y a Matarife.
El empresario de origen menonita había vendido las tierras a la firma Granni SA en el 2005, e iniciado denuncia penal –en enero de 2006– ante el Ministerio Público contra los que llamó invasores.
Los nativos estaban en el lugar, por oleadas, desde 1936 después de que el mayor Juan Ayala asentara a los primeros guaraníes venidos de Bolivia –en agradecimiento a su colaboración durante la guerra–; y el actual grupo fuera asentado en el lugar en 1942 por el general José Morales.
Al momento del procedimiento, en el asentamiento estaban una anciana de 76 años (Helena Ibáñez) y un nieto adolescente. El resto se hallaba trabajando por los alrededores o de recorrida con sus hijos, dijeron los líderes. Los agentes llegaron a la tarde y ejecutaron la acción al amanecer del 1 de setiembre. A la mujer la alejaron del lugar en vehículo para que no interfiriera. En horas de la tarde ya nada quedaba en pie. Hasta hoy son visibles restos de viviendas tumbadas y quemadas. Árboles centenarios fueron arrancados por las topadoras para abrir una picada e instalar una alambrada, que ahora divide el territorio quedando dentro el cementerio indígena.
Jacinto González (líder) y Rufino López (vicelíder) explican que su pueblo reclama las tierras de Diez Kue, aun cuando el INDI (Instituto Nacional del Indígena) gestiona provisoriamente mil hectáreas de propiedad militar para usufructo y posterior desafectación, en la zona donde fueron dejados tras el desalojo. En esta reivindicación ancestral, son las mujeres las más vehementes.
Mientras el aty guasu se desarrolla, el fotógrafo recorre el campamento. El lugar, considerado inhabitable por los propios afectados, se presenta desolador. Hules negros a modo de chozas precarias y un tajamar poluido es todo lo que poseen. “Necesitamos víveres y chapas, por lo menos”, arguye López y agrega que la situación de los que no tienen trabajo es lo que más preocupa.
El desalojo que violentó un derecho consuetudinario, según el INDI, dejó por el camino negociaciones encaminadas por distintos sectores para establecer una salida negociada al caso. Ahora, los 114 indígenas que habitaban Diez Kue están sin tierra, sin vivienda, sin animales ni cultivos; depositados en un páramo, antiguo lecho de raudales...