Editorial

Imputación contra los Zacarías debe llevar a sanear la política

La nueva imputación contra el senador colorado Javier Zacarías Irún y su esposa, Sandra McLeod, ex intendenta municipal de Ciudad del Este, por hechos de corrupción, confirman lo denunciado en investigaciones periodísticas y por organizaciones ciudadanas que se vienen movilizando en contra de un clan que maneja el Alto Paraná como un feudo político desde hace más de 17 años. La revelación de un esquema de despilfarro ilegal de dinero público en pagos a comunicadores, a cambio de favorecer la imagen de los ahora imputados, demuestra los niveles de corrupción y la urgente necesidad de un real saneamiento de la actividad política, incluyendo a algunos sectores del periodismo.

Se esperaba desde hace semanas y finalmente ocurrió. El lunes, los fiscales Josefina Aghemo y René Fernández, en representación de un equipo del Ministerio Público, imputaron por segunda vez al senador colorado Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod, ex intendenta de Ciudad del Este, por hechos de corrupción y por primera vez pidieron la prisión preventiva del legislador y reconocido caudillo del Alto Paraná.

La presentación de los agentes fiscales confirma lo que ha sido denunciado en varias investigaciones periodísticas y por organizaciones ciudadanas que se vienen movilizando en contra de un clan que maneja el Alto Paraná como un feudo político desde hace más de 17 años.

El senador Zacarías Irún, al igual que su esposa Sandra y su hermano, el ex gobernador y actual diputado colorado Justo Zacarías, entre otros miembros del entorno político y familiar, son objeto de una investigación por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal, aunque esta causa estuvo paralizada durante mucho tiempo ante la fuerte protección que el grupo tenía durante el gobierno anterior. Recientemente, Zacarías y McLeod fueron imputados por declaración falsa, al sostener la Fiscalía que en presentaciones de declaraciones juradas ante la Contraloría hubo omisiones de bienes y cuentas. El senador fue desaforado por esta causa por sus colegas del Poder Legislativo, para poder ser sometido ante la Justicia.

En la nueva imputación, el Ministerio Público acusa a Zacarías Irún de lesión de confianza por incitar, entre los años 2014 y 2018, a funcionarios de la Comuna de Ciudad del Este a pagar con dinero del Municipio varias acciones y campañas de propaganda política, en favor de su propia candidatura al Senado, de la de su hermano Justo a la Gobernación y otras cuestiones que nada tenían que ver con la función municipal, incluyendo un programa de televisión dirigido por uno de sus hijos en un canal regional y otros espacios que apuntaban a promocionar la imagen de los miembros del clan. Para el efecto, según la presentación de la Fiscalía, se montó todo un esquema de contrataciones de servicios a través de productora y empresas, algunas de ellas inexistentes, que canalizaron millonarios fondos de los contribuyentes a la Comuna.

Un detalle que confirma antiguas denuncias fue la divulgación de listas de periodistas que cobraban dinero a cambio de callar irregularidades y promocionar la figura de los Zacarías. Aunque falta discriminar los pagos por publicidad institucional en algunos medios de los pagos personales indebidos a comunicadores, el dato apunta a sostener hechos de corrupción en los que estarían involucrados miembros de un sector del periodismo, algo que se debe investigar con mayor profundidad.

Hay que valorar las denuncias periodísticas y ciudadanas que llevaron a esta acción de la Fiscalía y, por sobre todo, sacar lecciones de esta situación que permitan avanzar hacia un real saneamiento de la política.

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