El acuerdo está enmarcado en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes, la corrupción, el lavado de activos, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el tráfico de armas y todas las formas de crimen organizado transnacional, que ponen en peligro las economías y soberanías de los estados, generando inseguridad jurídica e impactando de manera directa en los niveles de competitividad.
Mediante el documento, las autoridades competentes de una parte (un país), que estén a cargo de una investigación penal, podrán pedir la creación de un equipo conjunto de investigación a las autoridades competentes de otra parte (otro país), cuando esa investigación tenga por objeto conductas delictivas que requieran la actuación coordinada de más de una parte.
Con la creación de los equipos se busca mejorar la coordinación de las investigaciones y los procedimientos penales que se llevan a cabo entre dos o más países para casos específicos.
El equipo tendrá facultades para actuar dentro de los territorios de las partes que los crearon, de conformidad con la legislación interna.
