Además del citado ex secretario de Estado, también declararon sus ex colegas de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui, y de la Secretaría Anticorrupción, René Fernández, entre otros.
Mazzoleni relató al Tribunal de Sentencia que en el 2020 habían hecho las compras vía excepción, y que tres intentos habían sido declarados desiertos en plena pandemia por el Covid-19.
Citó que, en poco tiempo, los precios de las mascarillas llegaron a 10, 12 y 15 veces el valor que tenían. En el caso de nuestro país, por falta de una línea aérea propia, no podían ir a buscar de China, que era como el gran supermercado, alegó el ex alto funcionario.
Recordó que Imedic fue adjudicada con pedidos, camas de hospital; insumos de protección, como gafas, protector facial y la mascarilla N95, a más, del traje de protección usado sobre la bata quirúrgica.
Aseguró que hubo discrepancias en todos los insumos. Ante la consulta de qué eran las discrepancias, indicó que las mismas no cumplían con las especificaciones requeridas por el Ministerio de Salud.
Entre otras cosas, sostuvo que por la pandemia, su ministerio era el que más licitaciones tenía, seguido de Obras Públicas, pero era en una escala de 600 a 70 en el año, entre su ministerio y el otro.
CONTRABANDO. Asimismo, declararon ante el Tribunal de Sentencia Julio Fernández, titular de la Dirección Nacional de Aduanas, y su vicedirector, Roberto Quiñónez. Ambos acompañaron el arribo del avión.
Los mismos coincidieron en que el manifiesto estaban las 400 camas adquiridas, pero que no figuraban las 50 camas hospitalarias, por lo que quedaron en un depósito de la Dinac.
Alegaron que luego fue calificado como defraudación, pero ante la apelación, finalmente la DNA, lo calificó como contrabando. Esto fue llevado luego al Tribunal de Cuentas y llegó hasta la Corte, según explicaron.
Fernández afirmó que las camas hospitalarias (eléctricas) de contrabando fueron liberadas por la presión mediática que había a causa de la pandemia, previo pago de los tributos.
Aclaró que la llegada del avión fue el único caso en el que estaban presentes también autoridades, del Ejecutivo y Legislativo.
Con respecto a la resolución, dijo que lo catalogaron como contrabando. “Yo consideré que cualquier funcionario habría hecho lo mismo, por el derecho a la vida; la situación estaba muy complicada, pero si no se liberaba, había mucha gente muriendo”, aseguró Fernández.
Los demás testigos también hablaron de la carga que llegó y sobre las camas que no figuraban en el manifiesto.
El juicio oral continuará el 28 de junio, a las 08:00, con la declaración de más testigos. En el caso, están acusados Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira y otros coprocesados por el supuesto contrabando de 50 camas hospitalarias durante la pandemia.
