10:30 - 18-ABRIL-07
Varios funcionarios del Ministerio de Educación realizaron compras directas de alimentos a cuatro empresas pero no entregaron el dinero a las asociaciones de padres para que estas optaran por las ofertas más convenientes y luego rindieran cuentas.
Al respecto, el contralor General de la República, el liberal Octavio Airaldi, explicó que aún no se sabe cuáles fueron las secciones del Ministerio de Educación que participaron de los hechos irregulares. “No puedo determinar muy bien qué departamentos exclusivamente fueron los que están involucrados”, dijo.
Al ser consultado si es que dichas irregularidades se cometieron con participación o al menos ante el conocimiento de la ministra de Educación, Blanca Ovelar de Duarte, respondió que la pregunta deberían de hacérsela a ella.
“Yo puedo determinar hasta dónde la señora ministra conocía el manejo de esta cuestión. La administración del Ministerio es muy grande y este es uno de los puntos importantes que debe determinar el Ministerio Público. Ella está en condiciones de responder a esa pregunta también”, se defendió.
Esta irregularidad sale a luz justo en el momento en que el nombre de Blanca Ovelar surge como una de las posibles candidatas del Partido Colorado de cara al 2008.
En ese sentido, Airaldi señaló que la salida de este reporte “no tiene nada que ver con este detalle, es un trabajo que se está realizando desde hace un año, partiendo desde la resolución emitida cuando la secretaria si quiera perfilaba como candidata”, añadió.
Explicó además que es muy difícil de que la Contraloría pueda establecer el valor real de los perjuicios causados, agregando que es mucho monto.
“Todo indica que los dineros no fueron manejados por las operadores escolares en el marco de los negociados en la comprar directa de alimentos para los alumnos”, indicó.
INVESTIGACIÓN. Según la Contraloría General, entre 2005 y 2006, algunos funcionarios del Ministerio de Educación desembolsaron G. 17.490 millones, en forma directa, a cuatro empresas privadas, cuando el dinero debió ser entregado a las asociaciones de padres. Para hacerlo, dijo Airaldi, cometieron el grave ilícito de falsificar la firma de los padres.
