El fiscal René Fernández citó a la supuesta niñera de los hijos del parlamentario para esta mañana. La mujer podrá declarar o bien abstenerse de hacerlo. Para la Justicia, esta declaración es un medio de defensa de la imputada.
El proceso a Quintana Venialgo es por los delitos de cobro indebido de honorarios y estafa. El juez penal de Garantías Julián López ya le dictó medidas alternativas a la prisión preventiva.
El otro procesado en la causa, Víctor Bogado, deberá presentarse mañana ante el fiscal Fernández para su indagatoria, en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.
Bogado también está procesado por cobro indebido, en calidad de cómplice, y por el delito de estafa en grado de autoría. El legislador se expone a una pena de hasta siete años y medio de cárcel.
Asimismo, la Fiscalía convocó al secretario de Bogado, Miguel Ángel Pérez, para una declaración indagatoria. Este último no se encuentra imputado por el momento.
La investigación de la Fiscalía señala que el ex director de Itaipú, Franklin Boccia, declaró a la Fiscalía que Miguel Pérez le pidió en nombre de Bogado la contratación en la binacional a Quintana Venialgo. También solicitó, según Boccia, que luego la mujer sea comisionada en la Cámara de Diputados, donde ya era una funcionaria nombrada.
En aquella época, indicaron desde el Ministerio Público, Pérez se desempeñaba como jefe de gabinete de Bogado, entonces presidente de la Cámara Baja.
MEDIDAS. El senador colorado también deberá presentarse en el Palacio de Justicia para su imposición de medidas cautelares esta semana. El juez Julián López lo citó para este viernes 13 de diciembre para decidir qué medidas deberá seguir mientras dure el proceso en su contra.
La imputación de la Fiscalía contra Bogado es por la sospecha de que el mismo mintió y utilizó sus influencias para que Quintana Venialgo, quien ya cumplía funciones en su oficina de Diputados, sea contrata en Itaipú y comisionada en la Cámara Baja. Por su parte, los abogados del legislador sostienen que todo se trató de un “error administrativo” por parte de la binacional y el Congreso. La causa está a cargo de los fiscales Fernández, Liliana Alcaraz, Claudia Criscioni y José dos Santos.