Por Roberto Irrazábal
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El fiscal argentino Pablo Ouviña estuvo en el país en el marco de las investigaciones que realiza sobre el Operativo Cóndor, plan llevado adelante por las diferentes dictaduras latinoamericanas en conjunto, y el juicio que se desarrolla en el vecino país sobre hechos de tortura, ejecución y desaparición de personas en el marco de dicho operativo.
–¿Cómo le fue en las entrevistas en Paraguay?
–Con la ayuda del ministro Luis Niscóvolos y el secretario Emmanuel Guerra logramos tomar contacto no solo con personas para entrevistar, que pueden ser eventualmente testigos del juicio, sino además con autoridades del Poder Judicial, del Ministerio Público, que nos han auxiliado en el juicio oral que estamos llevando en Buenos Aires sobre el Plan Cóndor. La recepción fue increíblemente provechosa y singularmente cálida.
–¿Encontró información útil para la investigación?
–Sí, encontramos mucha información importante, algunas que ya teníamos noticias, como por ejemplo el Archivo del Terror, que nosotros ya requerimos en su momento, accedimos al lugar donde se custodia, hablamos con el juez Fernández y con Rosa Palau, que coordina; nos trataron bien y ofrecieron colaboración. Estamos ajustando detalles para que la prueba adicional, que aún no había llegado a la Argentina, sea prontamente enviada.
–¿Podría darnos un pantallazo de esto que se llamó Operativo Cóndor?
–Existen siempre reglas para tratar las investigaciones; por ejemplo, un partido de fútbol tiene reglas. Las dictaduras del Cono Sur en esa época percibieron que ya no tenían las hipótesis de conflicto clásicas, sino que había otro tipo que llamaron “lucha contra la subversión"; entonces vieron que este enemigo ya no era particularmente uno sino que era común a todos, y entonces se reunieron para atacarlo, considerando que era un enemigo que no respeta las reglas, que se mueve por las fronteras, por lo que debían trascender las fronteras contra ellos cuando ya habían dejado las reglas más básicas de protección a los derechos humanos, es decir, “queremos investigar pero resulta que para ello torturamos gente y asesinamos personas, ¿por qué vamos a tener límites con las fronteras?”.
–¿Cómo organizan el Plan Cóndor?
–Lo que primero acuerdan es el intercambio de información entre los estados. Pero no se limita a eso, estamos hablando de que ese cambio de información es para cometer hechos delictivos y también intervenciones conjuntas en diversos países; autorizan la entrada de representantes de otros estados para interrogar y torturar gente, operativos comunes en el exterior. El Operativo Cóndor fue un acuerdo de representantes de diversas dictaduras para cometer delitos.
–¿Cuál es el rol de los EEUU en el Operativo?
–Yo no puedo decir ahora, porque me parece que no corresponde realizar una conclusión de algo que tenemos que probar. Por supuesto, nuestro objeto directo de investigación tiene diversos hechos, entre ellos la asociación ilícita, y además responsabilizar a determinadas personas que están involucradas en este proceso. Es ese el objetivo primario y elemental de todo juicio. Pero, por supuesto, nuestro objetivo, aun anterior a todo eso, es conocer la verdad, entonces de todo lo que surja de la investigación y el juicio vamos en su momento a realizar nuestras conclusiones y quizás sirva para otras investigaciones.
–¿Cuántas víctimas están involucradas en el caso?
–En el juicio estamos investigando, además de la asociación ilícita, lo que les pasó a 173 personas, y estamos investigando privación ilegítima de libertad y tormentos. Quizás ahora se pueda anexar a este proceso iniciado hace un año atrás, el 5 de marzo del año pasado, algunos hechos más que ya involucran homicidios.
–¿Cómo se inicia el proceso de este juicio?
–Este proceso se inició hace más de una década, en el año 1998, donde se van reuniendo en una misma causa varias denuncias. Por ejemplo, en el Paraguay uno de los denunciantes fue Martín Almada, que acompañó una lista de ciudadanos paraguayos que habrían desaparecido en la Argentina o tenían algún tipo de relación con el país, así se inician las investigaciones.
–¿Cuál era el panorama?
–El sentido original de esto hay que pensarlo en esa época, en la Argentina, donde estos procesos judiciales estaban demorados, no proseguían las investigaciones. El principal sentido de esta primera investigación, como punta de lanza, fue romper este freezer que se había puesto a los procesos. Después siguió, y quizás con algunos vicios que siempre ocurren, sobre todo cuando se tiene miedo a romper determinados mantos de impunidad.
–¿Hubo muchos paraguayos entre las víctimas y represores en los casos?
–Sí, hay muchas víctimas y estamos teniendo noticias de la participación de muchas personas que se encargaron de victimizar a estas personas. No tenemos como imputado a ningún representante policial o del poder paraguayo. Y tenemos más de 100 testigos.
–¿Cuán importante fue la presión de la sociedad para reabrir los casos?
–Creo que sin ello difícilmente hubiéramos llegado a donde estamos ahora. Esto fue una lucha constante que realizó la sociedad argentina. También fue acompañada por parte del Poder Judicial, ya que aun con las leyes de impunidad se realizaron los juicios por la verdad... La sociedad civil logró anular esas leyes, hubo nuevas acciones y ahora estamos en una de ellas.
