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Hay 337 obras escolares paradas por falta de títulos y atraso de empresas

De las 676 instituciones educativas e institutos de formación docente (IFD) incluidos en el proyecto de construcción o refacción, alrededor de la mitad de las obras (337) no avanzan en cuatro meses debido a problemas entre el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), los municipios y las constructoras adjudicadas con USD 72 millones.

Estos recursos, provenientes del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), están disponibles desde el 2014 para la cartera educativa, que en cuatro años aún no puede concretar el programa.

"Las mejores empresas se están presentando, lo mejor de lo mejor", había dicho el ex ministro de Educación Enrique Riera durante la adjudicación de 15 lotes para emprendimientos de infraestructura escolar en todo el país. Fue el año pasado.

Lo dijo justamente luego de cancelar adjudicaciones en el primer llamado debido a que empresas habían sido adjudicadas pese a contar con irregularidades.

De los 337 proyectos estancados, 138 corresponden a incumplimiento de contrato, según anunció recientemente el ministro de Educación, Raúl Aguilera.

"Estas empresas están fuera del límite de lo permitido y aceptado, por esa razón he dado la indicación al equipo jurídico para iniciar el proceso de cancelación del contrato. El daño va a ser mayor si no lo hacemos y los afectados serán los niños", apuntó.

El resto, unos 198 planes de obras, tiene dramas con municipios locales que no aprueban aún los planos de cada trabajo. Algunas de estas municipalidades son Lambaré, San Lorenzo, Villa Elisa y Mariano Roque Alonso.

Luego figuran Asunción, Paraguarí, Piribebuy y algunas municipalidades del Norte.

PROCESO. El arquitecto Alberto Bogarín, de la Unidad Ejecutora de Proyectos del MEC, explicó que de las tres empresas con mayores retrasos (ver infografía), son dos las que se encuentran más comprometidas, por encontrarse fuera de una fecha límite.

La compañía que está todavía en una "curva límite" es Proel Ingeniería de Augusto Ortellado Narváez, que tiene adjudicado el lote de Misiones y Ñeembucú.

Bogarín dijo además que se conformó una mesa de trabajo con representantes de las firmas privadas. Así buscarán resolver los atrasos en los trabajos que deben culminar en agosto de este año. Las otras dos constructoras, Caldetec y Edivisa, sí estarían fuera de lo establecido en los contratos firmados en el 2017.

Además, existe la posibilidad de un "advenimiento", según explicó el técnico del MEC, donde las constructoras propongan un plan de recuperación de las tareas que llevan excesivas demoras.

Entre las excusas que brindan las firmas de la construcción por el incumplimiento contractual figuran desde sucesivas precipitaciones en el último trimestre hasta falta de materiales como ladrillos, tejas y tejuelones para llevar a cabo las reparaciones.

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Todas las firmas están con demoras
Desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), asumieron que todas las empresas contratadas y con recibos del pago de anticipo del 30% para el comienzo de las tareas, presentan atrasos importantes a la fecha.
Además de las tres firmas cuyos contratos serán cancelados, solo el Consorcio Chaco 2G, presenta un avance del 40% en los trabajos. Esta firma tiene a su cargo obras de infraestructura en 35 instituciones educativas de Paraguarí, cuyo valor total de contrato asciende a G. 24.100 millones.
Luego aparece Consorcio Central, que tiene labores ejecutadas al 32% en San Pedro. El contrato total con Central es de G. 23.606 millones.
Siguen Consorcio Barbero Cue y Tecnoedil SA con el 25% y 22% respectivamente.
Por otra parte, unas firmas adelantaron sus trabajos en apenas el 8 al 13%, entre ellas Itasa SA, Aponte Latorre SA, Ingeniero Ricardo Díaz, Caraguatay SA y Consorcio Cierra, con adjudicaciones en todo el país.

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