El Ministerio de Hacienda informó que ya logró efectivizar los derechos especiales de giro (DEG) que recibió hace casi tres meses del Fondo Monetario Internacional (FMI), mediante una operación guiada justamente por ese organismo financiero.
De ese modo, el Tesoro Nacional ya tiene en sus cuentas los USD 250 millones que vale el aporte del FMI y que constituyen casi el 70% de la financiación de la Ley de Consolidación Económica promulgada a inicios de setiembre.
El viceministro de Economía y secretario del Equipo Económico Nacional, Iván Haas, subrayó que con esto ya se pueden poner en marcha varios pilares de la legislación, recordando que ya se firmaron convenios para recapitalizar el Fogapy y habilitar créditos blandos a mipymes mediante un fideicomiso.
En ese sentido, indicó que solo esperan la autorización de la presidencia de la República para empezar el proceso de subsidios de agua y luz a las empresas de los rubros que siguen golpeados por la pandemia y a los trabajadores formales que residen en las zonas fronterizas con Argentina.
Explicó que ya tienen lista una plataforma web y que una vez que se emita el decreto reglamentario habilitarán las inscripciones para las compañías de la gastronomía, eventos, turismo y hoteles. No obstante, para los trabajadores fronterizos se utilizarán los datos del programa Pytyvõ.
La Ley de Consolidación prevé unos USD 8 millones para las subvenciones de los servicios básicos. Los descuentos se darían por escala en base al consumo y serían de hasta un máximo del 50%, por un periodo de seis meses.
Ejes. La Ley de Consolidación, que apunta a seguir impulsando la reactivación de la economía en medio de los duros golpes que dejó la pandemia, alcanza los USD 365 millones.
Ese dinero proviene de la toma de nuevo endeudamiento por USD 25 millones, reprogramaciones de diferentes rubros ya presupuestados por USD 40 millones, saldos no comprometidos de Petropar por USD 50 millones y de los DEG que otorgó el FMI a Paraguay por valor de USD 250 millones.
La normativa contempla medidas sociales, sanitarias y económicas. Estas medidas van desde compra de medicamentos, contratación de médicos y mantenimiento de los programas de adultos mayores y jubilaciones, hasta exoneración de los servicios básicos, subsidio a trabajadores independientes, recapitalización del Fogapy y creación de un fideicomiso para créditos blandos a mipymes y cuentapropistas, entre otros. Por el momento, la ayuda monetaria a los trabajadores independientes ha sido descartada por el Tesoro (ver la infografía).
La legislación también incluye una serie de disposiciones de contención del gasto, como la prohibición de los aumentos salariales, los retiros voluntarios o las nuevas contrataciones. No obstante, se autorizó a continuar con el reajuste a los docentes y al personal de blanco, lo que tendría un impacto financiero de alrededor de USD 30 millones adicionales hasta fin de año.
