Las autoridades del Ministerio de Hacienda salieron al paso del pedido de aumentos salariales que fue resuelto por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a beneficio de los camaristas, jueces, actuarios, ujieres y demás funcionarios judiciales, en el marco del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2023, expresando su postura en contra.
Marco Elizeche, viceministro de Administración Financiera, señaló que “sin hacer juicio de valor” sobre el caso específico de estos sectores, desde la cartera fiscal no hay acompañamiento al pedido que debe ser puesto a consideración del Parlamento y advirtió de los efectos negativos que podría tener dicho incremento. “Creemos que las circunstancias económicas y la situación fiscal actual no se condicen con estos pedidos de mayores beneficios. Esto, en caso de ser aprobado luego en el Congreso, generará mayores presiones al Fisco en materia de recursos a ser financiados con impuestos”, manifestó.
Al respecto, aclaró que el eventual cumplimiento de las subas salariales propuestas desde el Poder Judicial irá restando espacio fiscal a otras prioridades, como la salud, la educación o los programas sociales, considerando que no se cuentan con recursos suficientes para hacer frente a todos los requerimientos.
Cabe recordar que la Corte decidió solicitar reajustes salariales para la mayoría de los cargos jurisdiccionales, que van del 7 al 143%. En ese sentido, se contemplan los camaristas, jueces de primera instancia, actuarios judiciales, ujieres notificadores, oficiales de secretaría, dactilógrafos. Además, los cargos en los juzgados de Paz, que fueron los más beneficiados.
En caso de darse el visto bueno en instancia legislativa, estos aumentos elevarían todavía más la expansión del gasto rígido en el PGN 2023, recordando que hay un acuerdo de aumento de 16% para maestros y se debe hacer frente a los ajustes que guardan relación con la suba del salario mínimo legal vigente.
Elizeche dijo que el Poder Ejecutivo tiene una línea trazada con relación a este tipo de iniciativas, que está establecida en el proyecto de ley de comportamiento gubernamental en años electorales. “Lastimosamente este proyecto de ley no ha sido aún siquiera debatido, y se corre riesgo de que en el proceso del estudio de presupuesto se presenten más pedidos de este tipo”, indicó. “No obstante, desde el MH vamos a seguir conversando con los sectores”, finalizó.
14.000 millones de dólares es el monto aprobado del PGN 2022, que se prevé superar el año que viene, según los datos.
Marco Elizeche
Creemos que las circunstancias económicas y la situación fiscal actual no se condicen con estos pedidos de mayores beneficios.
En caso de ser aprobado generará mayores presiones al Fisco en materia de recursos a ser financiados con impuestos.