La ministra de Hacienda, Lea Giménez, dialogó con los medios de prensa luego de la sanción ficta del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2018 declarada por el Senado en un confuso final debido a la falta de remisión del documento por parte de la Cámara de Diputados.
La secretaria de Estado afirmó que, por el momento, el Poder Ejecutivo no descarta un veto parcial al plan de gastos si el incremento en gastos rígidos no puede ser cubierto con la recaudación impositiva.
Señaló que incluso se podría considerar una objeción puntual a la ley sancionada si la reestructuración hecha por el Congreso afecta a programas de inversión que ya se encuentran en ejecución y necesitan continuidad.
Explicó que, según el último análisis hecho por la institución, las subas salariales aprobadas en el Senado representan USD 85 millones adicionales al proyecto original del Ejecutivo. De ese total, USD 20 millones no contarían con fuente de financiamiento, además de otros USD 20 millones de gastos no rígidos.
“En este momento no descartamos el veto. Lo que sí decimos es que tenemos que analizar qué es lo que sale del Congreso, cuánto queda desfinanciado, y después, en base a eso, hacer un análisis y ver qué decisión tomamos (...) A grandes rasgos, si el desfinanciamiento en gastos rígidos es solo de USD 20 millones, eso es administrable”, expresó.
El ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira y el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Eduardo Felippo, habían expresado días atrás que ante los numerosos aumentos salariales aprobados por encima de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), lo recomendable era realizar un veto parcial.
TOPEO. La otra opción que maneja Hacienda es elaborar un plan financiero riguroso. Este instrumento es utilizado por el Gobierno para la programación de caja, de modo que las instituciones no asuman compromisos por encima de un tope fijado por el Fisco.
La ministra Giménez indicó que con el plan financiero se pueden establecer las obligaciones que podrían ser cumplidas por las entidades con base en los recursos y las prioridades. Con esta herramienta también se definiría el topeo que se aplicará a los programas sociales, con lo que se financiarían los reajustes.
En ese sentido, insistió en que las subas de salarios solamente pueden ser cubiertas con el recorte a la inversión o a programas como adultos mayores o Tekoporã. “Es muy fácil decir aumento de 8% o 10% para todos, pero lo que es aprobado se debe cumplir. Eso significa que la decisión que tomó el Congreso es la de dejar desfinanciados programas importantes”, manifestó.
Los reajustes sobrepasan los USD 155 millones
Los aumentos salariales aprobados por el Congreso alcanzan USD 155,6 millones, de acuerdo con los datos del Senado.
De ese total, el reajuste del 16% a los docentes totaliza USD 111 millones. Mientras que el incremento del 8% para los médicos y funcionarios de Salud llega a los USD 23 millones, entre otros (ver infografía).
De ese monto, Hacienda considera que unos USD 20 millones no cuentan con fuente de financiamiento, lo que implicaría recorte a programas sociales, especialmente.
El monto de la versión Senado llega a los G. 73,5 billones (USD 13.207 millones al cambio actual).
Según había manifestado el Fisco dos semanas atrás, la propuesta del Senado haría que el déficit fiscal llegue al 1,7% del producto interno bruto (PIB). El límite establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) es del 1,5% del PIB.
Con este plan de gastos sancionado también se confirma el recorte en un 50% de los fondos para repartición de multas en la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y el tope del 25% para los descuentos a los funcionarios públicos en caso de deudas.