Política

Hace más de tres meses que la Corte paraliza proceso a Rivas y sus caseros

El proceso al diputado cartista está detenido desde junio, debido a que la Sala Penal de la máxima instancia judicial no resuelve dos recusaciones. Mediante chicanas, Rivas sigue sin ser desaforado.

El proceso penal al diputado Tomás Éver Rivas por haber pagado a empleados particulares con dinero público está paralizado desde hace tres meses, debido a que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no resuelve dos recusaciones planteadas contra magistrados de segunda instancia.

Debido a que la máxima instancia judicial no destraba el caso, Rivas aún no puede ser despojado de sus fueros parlamentarios. Ya pasaron casi cinco meses del día en que fue imputado y hasta ahora el diputado colorado de Paraguarí no se sometió al proceso penal. Esto a pesar del cúmulo de evidencias que la Fiscalía ya recolectó en su contra.

Actualmente, el caso está pendiente de resolución de parte de los ministros Sindulfo Blanco, Luis María Benítez Riera y Miryam Peña, quienes deben confirmar o apartar a los camaristas Carlos Ortiz y Arnulfo Arias.

CAUSA. El caso de Rivas se inició en el 2017, tras publicaciones de ÚH que revelaron cómo Rivas hizo figurar a Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Nery Franco como funcionarios de la Cámara Baja a su cargo. En realidad, todos ellos eran empleados privados del legislador y no prestaban servicio alguno en el Congreso.

Luego de un año de investigación, la Fiscalía Anticorrupción imputó a Rivas y sus caseros. Posteriormente el juez Rubén Riquelme pidió el desafuero del legislador a la Cámara de Diputados. Ante esto, la defensa de Rivas planteó algo inédito: una apelación en contra de la comunicación que hizo el magistrado a la Cámara Baja.

En su apelación, la defensa del diputado sostiene que la imputación debe ser anulada debido a que una resolución de la Cámara Baja autoriza que choferes y secretarios de legisladores registren su asistencia firmando en planillas, como fue el caso de los caseros de Rivas.

En las contadas veces que accedió a hablar con la prensa, el diputado sostuvo su inocencia y dijo ser víctima de una persecución política. Desde que fue imputado, no dio ninguna declaración pública.

Bajo el argumento de que la apelación debe ser resuelta antes de poder dictaminar, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja decidió postergar su dictamen sobre el desafuero de Rivas.

A la par, los caseros también presentaron recursos en la causa. Las defensas de todos ellos plantearon apelaciones en contra de la admisión de la imputación por parte del juez Riquelme. Todas las apelaciones, incluso la del diputado Rivas, debían ser resueltas por la cuarta sala del Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, las defensas recusaron a los camaristas Ortiz y Arias.

A raíz de esto, el caso se elevó a la Sala Penal de la Corte, para que resuelva las recusaciones. Hasta tanto los ministros Blanco, Benítez Riera y Peña no resuelvan esto, el caso seguirá trabado y Rivas no será desaforado por sus pares.

La causa está en la Corte desde el pasado 28 de junio y aún falta la firma de un ministro para el fallo, informaron fuentes judiciales.

PRUEBAS. La imputación a Rivas y sus caseros es por los delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. Solo el hecho punible de estafa tiene un marco penal de hasta cinco años de cárcel.

La imputación se basa en el registro de ubicación de llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas que Chaparro, Romero y Franco declararon como suyas en sus legajos de la Cámara Baja.

El registro proveído por las empresas telefónicas señala que los caseros en ningún momento estuvieron en sus puestos laborales en la Cámara de Diputados, ni siquiera cerca, en los días en los que Rivas participó en sesiones ordinarias y extraordinarias en el Parlamento, entre julio de 2016 y marzo de 2017.

El fiscal que imputó a Rivas, Luis Piñánez, fue recusado por la defensa. Hasta tanto se resuelva la recusación, la pesquisa quedó a cargo de su colega Yolanda Portillo.

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