Política

Hace cuatro meses que Corte frena causa a diputado Rivas por estafa

El legislador imputado por pagar con dinero público a empleados privados consiguió congelar su causa. Aún no fue procesado y la Fiscalía tiene manos atadas. Caso está en la Corte desde junio.

El proceso al diputado Tomás Éver Rivas, imputado por hacer figurar como funcionarios del Congreso a su cargo a tres empleados suyos que en realidad no prestaban función alguna en la Cámara Baja, está estancado en la Corte Suprema de Justicia. Si bien fue imputado en mayo de este año, hasta ahora el legislador colorado cartista de Paraguarí no se sometió al proceso penal, debido a chicanas y a la complacencia de la Corte.

Tras su imputación, el ahora ex juez Rubén Riquelme comunicó a la Cámara de Diputados sobre la causa en contra de Rivas para que sea desaforado. Ante esto, el parlamentario presentó una apelación en contra del pedido de desafuero del juzgado.

Paralelamente, los otros procesados en la causa también plantearon recursos y apelaciones en contra de la admisión de la imputación. Todas las apelaciones debían ser resueltas por la cuarta sala del Tribunal de Apelaciones, pero los camaristas Carlos Ortiz y Arnulfo Arias fueron recusados por la defensa.

De esta forma, el caso pasó a la Sala Penal de la Corte Suprema, para que se defina la competencia de los dos magistrados. La causa llegó a la máxima instancia judicial el 28 de junio pasado y hasta ahora no hubo resolución. Hasta su destitución del cargo el pasado miércoles, Sindulfo Blanco integraba la sala, junto a los ministros Luis María Benítez Riera y Myriam Peña, indicaron fuentes judiciales.

A la par, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja decidió postergar su dictamen sobre el desafuero de Rivas hasta tanto no sea resuelta su apelación. De esta forma, Rivas permanece con sus fueros parlamentarios, con la ayuda de sus colegas.

MANO ATADAS. Días atrás la fiscala que actualmente está a cargo del caso, Yolanda Portillo, presentó una acusación y pedido de juicio oral y público para los tres caseros del diputado: Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Nery Franco. Con esto, el Ministerio Público cerró la investigación con respecto a ellos tres.

Sin embargo, desde la imputación a Rivas, la Fiscalía no pudo realizar ningún acto investigativo que busque dilucidar la responsabilidad del diputado en el caso, debido a que el congresista nunca se sometió al proceso penal y ni siquiera cuenta con medidas cautelares.

La imputación en contra de Rivas y sus caseros fue por los hechos punibles de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.

El caso del diputado fue revelado por publicaciones de ÚH en febrero del 2017, cuando un equipo periodístico pudo comprobar durante varias semanas que Chaparro, Romero y Franco cumplían tareas particulares en distintas propiedades de Rivas.

Más de un año después, el fiscal anticorrupción Luis Piñánez presentó la imputación, respaldado en el registro de ubicación de llamadas entrantes y salientes de los teléfonos celulares que los supuestos funcionarios declararon en sus legajos en la Cámara Baja.

El informe técnico señala que entre julio de 2016 y marzo de 2017 Chaparro, Romero y Franco no estuvieron en sus puestos laborales en la Cámara de Diputados, ni siquiera en la zona del Parlamento en las fechas de sesiones a las que sí asistió el diputado Rivas. Sin embargo, los tres firmaron planillas de asistencia de entrada y salida, certificadas mensualmente por el propio Rivas.

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