Durante mucho tiempo, en el país de la corrupción y de la impunidad, por más que desde los trabajos periodísticos de investigación se venían ofreciendo pruebas concretas de los delitos cometidos por poderosos políticos, con conexiones privilegiadas en las estructuras de poder, casi siempre conseguían evitar que la Fiscalía o la Justicia les pueda echar el guante.
Fue lo que sucedió hace once años, cuando una investigación especial llevada a cabo por periodistas de Última Hora y Telefuturo reveló cómo el entonces senador colorado y presidente del Congreso, Óscar González Daher, y los miembros de su clan, desde su feudo político en la ciudad de Luque, conseguían evadir impuestos a través de su empresa inmobiliaria Príncipe di Savoia SA, la que hasta entonces no resultaba muy conocida.
“Presidente del Congreso evade tributo inmobiliario” era el titular de portada de nuestra edición del martes 17 de agosto de 2010. En el reportaje, que ocupaba varias páginas, se aseguraba que las “propiedades del presidente del Congreso, Óscar González Daher, en Luque, son favorecidas por una burda evasión del impuesto inmobiliario, según detectó una investigación de ÚH y Telefuturo. El mecanismo para la evasión fue la adulteración de datos en el sistema informático de la Comuna luqueña, donde una considerable cantidad de inmuebles, de gran envergadura, pertenecientes al titular del Senado, pagaron tarifas correspondientes a terrenos baldíos sobre calles de tierra”.
El nombre de la empresa Príncipe di Savoia SA aparecía como titular de varias propiedades que adeudaban impuestos y figuraban en el pedido de prescripción de la deuda, que el presidente del Senado, Óscar González Daher, había solicitado a la Municipalidad de Luque en 2007.
Durante varios días, ambos medios ofrecieron detalles acerca de cómo se llevaba a cabo el hecho ilícito. Tras las publicaciones, el entonces fiscal adjunto de Delitos Económicos, Carlos Arregui, designó a Arnaldo Giuzzio, fiscal de dicha unidad en ese momento, para que investigue el caso con los datos proveídos por el trabajo periodístico. El legislador reconoció que todas las propiedades señaladas le pertenecían y hasta acudió a la Redacción de ÚH para pedir que se suspendan las publicaciones. En la época, el legislador colorado contaba con el apoyo del gobierno de Fernando Lugo por el pacto político que lo llevó a la presidencia del Congreso.
Lo cierto es que el proceso judicial de entonces fue trabado en la Fiscalía y en Tribunales, merced a la influencia de González, a quien el ex fiscal Alejandro Nissen atribuyó que era “más poderoso que el presidente de la República”, cuando intentó procesarlo en 2002 por la tenencia de un auto robado, pero OGD lo mandó echar del Ministerio Público.
Tuvieron que pasar 11 años, la aparición de unos audios telefónicos y algunos cambios en la estructura política, para que finalmente el otrora influyente senador pueda ser sentado en un tribunal y sea condenado a siete años de cárcel por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, junto a su hijo Óscar González Chaves, en un hecho histórico que reivindica plenamente aquella recordada primera investigación de nuestros compañeros periodistas.