Política

Godoy opta por no eliminar seguro médico para no matar su proyecto

 

El senador Sergio Godoy lamentó que se haya desmeritado una iniciativa muy beneficiosa para el Estado en lo que respecta al uso del dinero público, solo por un punto, la eliminación del seguro médico para funcionarios, en el proyecto de ley “que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, prohíbe y limita el nombramiento o contratación de parientes y asesores en la función pública, fija topes salariales para las autoridades de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto público”.

“Bastantes cosas buenas tiene el proyecto como para que, por un punto, se eche al tacho todo y que eso sirva de motivo para rechazarlo”, expresó.

El legislador dijo que está abierto a dialogar porque no se considera terco y propuso introducir una modificación, de modo que se mantenga el seguro para los funcionarios y se le retire solo a las altas autoridades.

Además, mencionó que desea escuchar alternativas propuestas por el gremio que realiza el reclamo y saber si están conformes o no con el seguro con el que cuentan actualmente. “Me tomé el tiempo en cada detalle, contratación de parientes, ajustes salariales, restricciones a viajes, gastos superfluos, como para presentar un buen proyecto”, manifestó el parlamentario colorado.

El presidente de la Central de Coordinadoras Coloradas de Funcionarios Públicos, Docentes y Jubilados, Alberto Cañete, junto con otros representantes, fueron ayer hasta la sede del Congreso para entregar una nota al senador Blas Llano.

Cañete señaló que si se decidiera introducir al Instituto de Previsión Social (IPS) a los funcionarios, que son alrededor de 300.000, “donde no hay ni una aspirina”, colapsaría el sistema.

Están dispuestos a conversar con Godoy antes de recurrir a una manifestación, como habían advertido antes.

El seguro médico demandó un costo de USD 400.000.000 (G. 2.380.000.000.000) en los últimos nueve años al Estado.

La Ley. El proyecto afecta a todos los organismos de los tres poderes del Estado y entre los puntos regulados se encuentra que ningún funcionario ni autoridad de rango superior podrá percibir remuneración más alta que el presidente de la República, incluyendo los de Itaipú y Yacyretá.

Igualmente, se eliminará el servicio de telefonía celular para funcionarios y autoridades de rango superior, cupos de combustible para autoridades de rango superior; gastos del rubro compra de alimentos, bebidas, arreglos florales y tarjetas de invitación para recepciones, eventos o felicitaciones. Se exceptúan capacitaciones profesionales del funcionariado, así como los actos oficiales por fiestas patrias, toma de posesión de mandos y recepción de autoridades extranjeras.

Otro gasto a prescindir es la publicidad estatal, incluyendo de las binacionales, en medios masivos de comunicación, redes sociales y cualquier otra forma de expresión audiovisual, excepto en situaciones de emergencias para lo que se necesite dar aviso.

El planteamiento establece que los parientes en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad no podrán exceder a seis y la autoridad no podrá contratar a ningún familiar en la institución a su cargo.

A excepción del presidente de la República, las autoridades podrán contratar hasta tres asesores.

Ningún funcionario ni autoridad podrá realizar más de dos viajes por año fuera del país, y la delegación no superará tres integrantes. Este punto no afecta al presidente y vicepresidente de la República, ministro de Relaciones Exteriores y titulares de los poderes Legislativo y Judicial, además de altas autoridades públicas que representen al Estado ante organismos internacionales.

El proyecto especifica que todos los procesos licitatorios y de contrataciones realizados con el apoyo del PNUD deben ser con intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Dejá tu comentario