En la reunión técnica realizada con legisladores de distintas bancadas, el subsecretario de Estado explicó que se analizan varias alternativas con respecto a la operatividad de esta subvención y que la decisión final la tomará el titular del Ejecutivo. El costo estimado de esta medida, de forma mensual, está entre los USD 200 y USD 300 millones.
En principio, los técnicos del Fisco estudian la posibilidad de que la asistencia sea del 50% del salario mínimo, es decir, G. 1.096.419. Con respecto a la periodicidad, analizan dos opciones: pagos únicos o mensuales; mientras que con relación al tipo de pago se consideran los desembolsos en efectivo o vía cheque. Todo esto quedaría a potestad del Ejecutivo.
Las estimaciones del Gobierno Nacional indican que entre los trabajadores cesados (suspendidos o despedidos) e informales se tiene un universo cercano al millón de personas.
Previsional. El viceministro Llamosas también informó a los legisladores que se pretende ampliar la cobertura de salud para los trabajadores que aportan al Instituto de Previsión Social (IPS) y que fueron suspendidos o despedidos de sus puestos.
Señaló que la legislación vigente otorga una cobertura de hasta dos meses posteriores al último aporte, pero el proyecto permitirá extender esa cobertura por un mes más.
Llamosas ratificó lo adelantado ya días atrás por el ministro de Hacienda, Benigno López, con respecto a la suspensión de impuestos. La idea del Gobierno es posponer el pago de los tributos por el tiempo que dure la crisis por el Covid-19.
A esto, agregó que también se planteará la suspensión del pago de los servicios básicos como luz y agua (ver la infografía).
Finalmente, el subsecretario de Estado no descartó que se incorpore la posibilidad de suspender por tres meses los pagos patronales al IPS, como una forma de dar un respiro a los empleadores.