A través de la 1080 AM, manifestó que aguarda tener la documentación que brinden los ocupantes para sostener o descartar esa posibilidad.
“No descartamos que si se presenta alguna información como las que nos hicieron llegar extraoficialmente, conseguir la información oficial y comunicar al Ministerio Publico por la configuración de algún hecho punible, lavado de dinero por ejemplo; si vos obtenés un beneficio económico en una actividad ilícita, antijurídica, y si esa actividad es hecho punible como lavado de dinero, y luego como producto de esa actividad ilícita metés el dinero en el sector formal de la economía, allí se produce lo que se conoce como lavado de dinero, y otra vez la ley dice que es lavado de dinero todo lo que se compre de ese producto, si hay una cadena de irregularidades ello podría configurarse, nos faltan algunas informaciones para cerrar ese circuito”, sostuvo González.
“Estas medidas preparatorias son para conocer la identidad de las personas y el carácter en el que se encuentran; con esa información nosotros ya estamos en condiciones la semana que viene de plantear una demanda en contra de estas personas para exigir que, luego del proceso, se determine que es propiedad del Estado paraguayo y que sean desalojados. De lo que estamos viendo hasta ahora, existen argumentos también para reclamar alguna indemnización, porque esta gente durante mucho tiempo se estuvo beneficiando irregularmente de los beneficios de una zona que tiene mucho valor”, expresó.
Recusados. El viernes pasado, los primeros cinco ocupantes vips de Jardines de Remansito se presentaron a la audiencia convocada por el Juzgado para presentar documentación que avale su permanencia en la zona requerida por la Procuraduría. Sin embargo, el juez original del caso, José Villalba, fue recusado “sin excepción de causa” por Rossana Ramírez, por lo que tuvo que apartarse.
Dos de los convocados que acudieron a la cita sí pudieron declarar y presentar sus argumentos sobre la posesión del inmueble. Uno de ellos reconoció que no tiene documentación, por lo que estaría dispuesto a devolver la parcela. Mientras que el segundo alegó que está respaldado por un título del Indert, por lo que no desea abandonar la propiedad.
El procurador Marco Aurelio González, quien encabeza el proceso de recuperación de las 131 hectáreas que son parte de la finca 916 de Remansito, explicó que el documento fue anulado tiempo atrás, por lo que no tiene validez. González indicó que, ante la situación de resistencia, todo apunta a que se abrirá una demanda de reivindicación.
