La ministra de Hacienda, Lea Giménez, y su sucesor en el Gobierno entrante, Benigno López, defendieron ayer a capa y espada el proyecto de ley que crea la superintendencia de jubilaciones y pensiones, durante la sesión conjunta de las comisiones de Hacienda, Legislación y Salud del Senado. La audiencia se realizó en el salón auditorio de la Biblioteca del Congreso.
Si bien Benigno ya había sentado postura a favor de la creación de este ente regulador anteriormente como titular del IPS, esta es la primera vez que lo hace tras ser designado por Mario Abdo Benítez como líder del equipo de transición y futuro ministro de Hacienda. Esto confirma el visto bueno de la próxima administración a la propuesta que ya cuenta con media sanción de Diputados y tiene sanción ficta el próximo 26 de agosto.
Críticas. Los legisladores presentes cuestionaron duramente varios de los articulados del proyecto, especialmente aquellos que guardan relación con las atribuciones del superintendente y el uso de los fondos jubilatorios para compra de bonos del Tesoro.
El senador Jorge Querey (Frente Guasu) señaló que si bien hay un consenso general sobre la necesidad de contar con una institución de control, el planteamiento que inicialmente pretendía crear una regulación terminará realizando cambios estructurales al sistema. También criticó la falta de garantía en las inversiones en los papeles de deuda, atendiendo la histórica falta de cumplimiento del Fisco en el pago de sus compromisos.
Para el legislador Stephan Rasmussen (PPQ) se le da un poder peligroso al superintendente, lo que puede hacer que sus decisiones no sean objetivas o correctas. Por su parte, Desirée Masi (PDP) y Amado Florentín (PLRA) cuestionaron la posibilidad de que el superintendente, por decisión unilateral, pueda no solo rechazar informes de calificadoras de riesgo, sino que también tenga la facultad de establecer los límites de inversión de los fondos, rechazando las sugerencias del Comité Asesor.
Ante estas críticas, Benigno López aclaró que este proyecto no afectará la independencia de las previsionales, ya que cada consejo de administración es el que deberá tomar la decisión final sobre el uso de los recursos jubilatorios y el funcionamiento de las cajas.
Recordó los casos de malos manejos en varias entidades, y aseguró que con la creación de la superintendencia se podrá garantizar un mayor control en la inversión y una diversificación de ella.
Asimismo, insistió en que no se previó la participación de los trabajadores o jubilados en el órgano de control para evitar que el regulado se convierta también en regulador.
La ministra Lea Giménez, a su turno, complementó las expresiones de López, indicando que el espíritu de esta propuesta no es manosear los fondos jubilatorios, sino asegurar su buen manejo. Negó que la idea sea aumentar el porcentaje de aporte o la edad mínima de jubilación.