La Presidencia de la República detectó que durante la gestión de Federico Franco se realizaron pagos irregulares a los pobladores del Chaco, en el marco del programa Tekoporã, de la Secretaría de Acción Social (SAS). Los pagos realizados no cumplieron con requisitos determinados por el Gobierno, bajo la administración de Víctor Rivarola.
El ministro de la SAS, Héctor Cárdenas, y Nancy Domínguez, de la Dirección de Protección Social y Desarrollo Humano, confirmaron que detectaron 197 hogares beneficiarios que ingresaron a pocos días de las elecciones del 21 de abril en el sistema de ayuda a los pobres extremos.
Se trata de pobladores indígenas ubicados localizados en la zona conocida como ex La Victoria SA, hoy convertida en Puerto Casado, y otros de la localidad de Carmelo Peralta.
Las familias que recibieron el pago de subsidio estatal no contaban con la “ficha de hogar”, que constituye un requisito principal para acceder a las transferencias monetarias.
Ante las irregularidades que fueron constatadas tras una investigación, la SAS resolvió enviar a sus técnicos del programa Tekoporã hasta los distritos de Victoria y Carmelo Peralta.
Son 68 hogares pertenecientes de la parcialidad Maskoy, localizados en Livio Fariña, Castilla, Machete Vaina, San Isidro Km 39, María Auxiliadora km 40 y Riacho Mosquito. También otros 129 hogares de la comunidad de Carmelo Peralta de la parcialidad Ayoreo localizados en Isla Alta, Nueva Esperanza, Punta Tiogai, Euei y Guidachai.
El mecanismo para el ingreso de los hogares beneficiaros se realiza mediante instrumentos de focalización geográfica, que es producto de la aplicación del índice de priorización de pobreza extrema. Una vez que son seleccionados los distritos, a través de un censo se seleccionan los hogares y allí se aplica el índice de calidad de vida.
Más irregularidades. Las nuevas autoridades también observaron indicios de cobro indebido de la ayuda monetaria a las familias en situación de extrema pobreza. Esto se constató con los formularios no auténticos que llevaban el logo de la institución pública en algunos asentamientos urbanos.
Durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos se había denunciado y está bajo investigación de la Fiscalía, las compras realizadas de asentamientos para familias de escasos recursos.
Recientemente se anunció en Palacio de López que el Gobierno ahorró unos G. 3.000 millones, con la adquisición de terrenos en Capiibary, Ñemby, Limpio, Presidente Franco, San Antonio, Ypané, Mariano Roque Alonso, San Lorenzo y Capiatá.