23 abr. 2024

Gobierno debe proveer mejor información sobre la reactivación

En un país en el que más del 80% de la población opina que se gobierna para los poderosos según Latinobarómetro, y con casos diarios de corrupción público-privada que quedan impunes, no debe asombrar el casi nulo nivel de confianza y legitimidad de la sociedad hacia las propuestas gubernamentales.

Si bien esto no es problema de la gestión actual, ya que otros gobiernos también tuvieron bajos niveles de popularidad y de deslegitimidad, este enfrenta un particular contexto debido al cansancio acumulado de la ciudadanía y los nervios que genera enfrentarse a una pandemia sin un sistema de Salud que funcione y con una grave crisis económica, especialmente en lo que se refiere al empleo.

A esto se agregan los escándalos de corrupción que el Gobierno no fue capaz de enfrentar con acciones contundentes desde el primer momento, incluso sosteniendo casos de indudable riesgo para el Estado sin separar a los responsables.

La ciudadanía tuvo fuertes reacciones ante las medidas de dudoso resultado. Un caso ejemplar fue el intento de los intendentes de distribuir las transferencias que ayudarían a sostener la primera etapa de la cuarentena más rigurosa.

Ante la alta posibilidad de partidización y el consiguiente prebendarismo, la ciudadanía a través de las redes sociales no tardó en responder y obligó a gerenciar dicha intervención desde el Gobierno Central.

Otro caso emblemático fue el de Petropar con una inexplicable tardanza en la renuncia o separación del cargo. Así, hay varios ejemplos en los que la actual gestión tardó o fue débil en reaccionar cuando se trata de sospechas de corrupción, tráfico de influencias o conflicto de intereses.

Antes que estos dos casos, el peor indudablemente fue el de Itaipú, cuya consecuencia fue el profundo debilitamiento político en el inicio de la gestión.

De esta manera, desde 2018 el actual Gobierno no deja de mostrar falta de voluntad en el combate a la corrupción, situación que generó un ambiente sumamente adverso para enfrentar una pandemia que se espera tenga consecuencias terribles para el país y la población, tanto en términos de los riesgos para la salud y la vida como en el desempeño económico a nivel macro y micro.

El Plan de Reactivación Económica propone, en este sentido, darle una especial atención a sectores particularmente sensibles como la agricultura familiar y el empleo urbano. A pesar de ello, son justamente gremios de trabajadores y campesinos los que muestran mayor incredulidad.

Frente a esta situación, a la que se agregan las dudas planteadas por algunos referentes de opinión, economistas y representantes de otros tipos de gremios, el Gobierno debería hacer el esfuerzo de explicar mejor el plan ya que el éxito de cualquier política está ligada indefectiblemente a la legitimidad política y a la confianza ciudadana en sus representantes.

Ojalá las autoridades se den cuenta de esto e implementen una estrategia de acercamiento a la población que permita a la misma entender y apoyar el plan, de manera que se logre una salida airosa de esta crisis sanitaria y económica.

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