Editorial

Gobierno debe poner fin a zona liberada en el dominio de Itaipú

En una vergonzosa actitud, la irresponsabilidad de los funcionarios del lado paraguayo de Itaipú han permitido que el territorio bajo su jurisdicción, que está entre Hernandarias y Salto del Guairá, se convierta en un territorio liberado para narcotraficantes, contrabandistas, sojeros, ganaderos y deforestadores a gran escala. Lo hace con la complicidad de algunos personales de la Armada Nacional que en vez de defender los intereses nacionales se han puesto del lado de las gavillas de delincuentes que operan en la zona. Mientras la entidad binacional los tolera y ampara explícita o tácitamente, se muestra implacable con los habitantes originarios de las tierras hoy invadidas.

Una investigación de nuestro diario, con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ), en alianza con Connectas, ha permitido a la opinión pública enterarse de la lamentable situación de abandono y atropello en la que se encuentra una superficie de 165.000 hectáreas expropiadas para quedar bajo dominio de Itaipú, lado paraguayo.

Gran parte de esa vasta área se encuentra actualmente en manos y al arbitrio de narcotraficantes, contrabandistas de cigarrillos y otras mercancías, ganaderos, cultivadores de soja, clubes de pesca y condominios habitacionales. En algunos casos, los que están en la zona cuentan con contratos de explotación firmados con los directivos de Itaipú; en otros casos, son ocupantes ilegales.

Con 261 puertos clandestinos sobre el Lago de Itaipú –170 en el territorio paraguayo, 91 en el brasileño– por los que se hacen pasar no solo cigarrillos al vecino país, sino también drogas y otras mercancías en forma ilegal, integrantes de la Armada Nacional, tal como lo constató una intervención de la Fiscalía y la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando, no solo no cumple su rol de controlar la frontera, sino que se ha aliado con los contrabandistas.

La máxima autoridad de las fuerzas navales del país, almirante Carlos Velázquez –hermano del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez–, ha negado que sus comandados estén vinculados a ilícitos en la zona, contradiciendo a la Fiscalía. Sin embargo, en una tácita confirmación de las denuncias, ha cambiado al 70 por ciento del personal naval de la región.

La investigación también ha podido demostrar que muchos ganaderos y sojeros han deforestado a mansalva el territorio en el que han ubicado sus estancias y plantaciones. Entre el 2004 y el 2017, la cuenca de Itaipú, lado paraguayo, perdió 61.000 hectáreas de bosques.

Mientras la Binacional hace la vista gorda ante la mayoría de los ocupantes ilegales y se desentiende de sus actividades ilícitas, porque nada hace para que las instituciones encargadas de la defensa de la soberanía nacional cumplan con sus obligaciones, se muestra inflexible con los indígenas de la zona al no permitirles pescar en el Lago de Itaipú y al notificar judicialmente a los nativos de Tecoha Sauce que deben abandonar el lugar que hoy ocupan con la intención de recuperar sus dominios ancestrales. De este modo, lamentablemente, Itaipú finge ser fuerte con los débiles, pero resulta ser débil e inoperante con los más fuertes.

La investigación periodística ha entregado ya suficientes elementos como para que el Gobierno actúe. A ello hay que sumar lo que averigüe la Comisión Bicameral de Investigación –que también indaga lo ocurrido con el acta firmada con el Brasil y anulada posteriormente–, para tener un panorama completo de la situación.

De esto no se puede culpar únicamente al actual Gobierno, ya que sus predecesores tienen mucho de responsabilidad en el estado de cosas que se presenta. Tiene sí la obligación de terminar con esa zona liberada a favor de la delincuencia para que el Estado tenga una efectiva presencia en la zona.

Dejá tu comentario