Economía

Gente con un buen pasar económico cobró dinero para familias en pobreza

Auditoría al programa Tekoporã, uno de los más emblemáticos por su finalidad de reducir niveles de pobreza, reveló casos fraudulentos. Al percatarse de la verificación, empezaron a renunciar.

Vergonzoso e indignante. Así se pueden calificar los hallazgos en una auditoría al programa Tekoporã, del Ministerio de Desarrollo Social, ex Secretaría de Acción Social (SAS).

Familias con solvencia económica “cómoda” consiguieron, y obviamente con ayuda desde adentro de la institución, cobrar dinero del programa Tekoporã, que va dirigido a familias en situación de pobreza y pobreza extrema.

Lo que el Estado hace a través de este programa son transferencias monetarias a personas en situación de pobreza y vulnerabilidad para ayudarlas en la alimentación de su familia.

Es el programa social de mayor cobertura, llegando a 157.000 familias de todo el país.

Se descubrieron varios casos de familias que no deberían ser beneficiarias del programa. Esto, tras verificaciones in situ en el marco de una auditoría interna ordenada por el ministro de Desarrollo Social, Mario Varela.

Este proceso interno de revisión de Tekoporã está a cargo de la Lic. Patricia Ruiz Díaz, de la Unidad de Auditoría de Gestión del Ministerio.

A la par, la Auditoría General del Poder Ejecutivo se encuentra revisando todo lo relacionado con el programa, a pedido del ministro Varela.

Se analizan todos los casos de personas incluidas en el programa durante el año 2017 y los primeros meses de 2018.

CASOS. María Isabel Frutos es una abogada que reside en el distrito de Pilar, Departamento de Ñeembucú, quien, de acuerdo con un informe interno del ministerio, cobraba la suma de G. 260.000 por tarjeta de débito del programa.

“Durante la verificación in situ se pudo constatar que la familia cuenta con solvencia económica y no le corresponde percibir el beneficio del programa”, dice parte del informe al que tuvo acceso ÚH.

Añade que la vivienda donde reside está construida toda de materiales con varios ambientes; se menciona un quincho, un vehículo y una camioneta, entre otros gustos que puede darse la “beneficiaria”.

Otro caso es el de la señora María Leonarda Ayala, del distrito de Nueva Toledo, Departamento de Caaguazú, quien también percibía del programa la suma de G. 260.000, por la modalidad de tarjeta de débito.

“(...) Durante la verificación in situ pudimos constatar que esta familia de ninguna manera reúne los criterios de pobreza para ser beneficiaria del programa”, expresa parte del informe.

Agrega que la casa donde reside está construida toda de materiales con varios ambientes y se citan algunos bienes que se pudieron observar como aires acondicionados, un pequeño silo, enfriadora de leche y un vehículo.

Cuando la gente se dio cuenta de que se estaba realizando esta verificación in situ empezó a renunciar, según comentó Varela a ÚH.

Adelantó que una vez que culmine la auditoría del Ejecutivo, que de hecho ya encontró irregularidades, y se tenga su informe final, se acudirá a la Fiscalía.

Más adelante se revisarán los demás programas sociales, anunció en otro momento el alto funcionario.

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