Economía

Gasto social en Paraguay es de los más bajos en Latinoamérica

Estudio del BM "Paraguay: Determinantes y Desafíos para la Reducción de la Pobreza" aconseja invertir en educación, mejorar la atención de salud y hacer un seguimiento a los programas de asistencia social.

El gasto social público en Paraguay constituye el 12,6 % del producto interno bruto (PIB), con lo que está por debajo del promedio latinoamericano de 15 % registrado en el año 2009, de acuerdo al Estudio del Banco Mundial "Paraguay: Determinantes y Desafíos para la Reducción de la Pobreza", presentado esta semana en el país.

Se suma a esta condición, agrega el documento, el hecho que el PIB de Paraguay -que en 2010 alcanzó los USD 17.628 millones- es menos de la mitad del PIB promedio de América Latina y el Caribe, con lo que el nivel de gasto social público en el país también es uno de los más bajos de la región.

El Estudio destaca, sin embargo, que después de crecer menos de 1 % entre 2003 y 2008, el gasto como proporción del PIB aumentó 2,4 % en 2009. Entre sus componentes, la educación recibe casi un 39 % de los recursos, la seguridad social y la protección social cada una reciben cerca de 17,5 %, y el sector de la salud recibe 24 %.

En este sentido, el trabajo recomienda opciones de política para cada una de estas materias, de manera que el crecimiento económico sí se refleje en una disminución de la pobreza, que se redujo 8,9 puntos porcentuales entre los años 2003 y 2009, pero que para el BM no es suficiente.

Los últimos datos de 2009 indican que el 35 % de la población paraguaya vive en condición de pobreza y de ella el 19 % son pobres extremos. Mientras que el 71% de estas personas indigentes reside en el área rural del país.

RECOMENDACIONES. "Invertir en educación secundaria, incorporar estrategias que reflejen cambios en la demanda, e invertir en más centros de salud pequeños", aconseja el informe, así como "aumentar la productividad de la fuerza laboral a través de una mejor educación y menor informalidad".

Asimismo, el Banco Mundial insta al país a realizar mejoras en el monitoreo y evaluación de los programas del sector público para que estos optimicen su focalización y el impacto total de dichas iniciativas ayude a crear un apoyo amplio para la estrategia de reducción de la pobreza del Gobierno.

"Una evaluación de impacto sería necesaria para verdaderamente analizar el efecto de las Transferencias Monetarias Condicionadas en el sector rural, pero una primera lectura de los datos puede sugerir que aunque la cantidad de beneficiarios era alta, el tamaño del beneficio no fue lo suficiente para amortiguar el efecto negativo en el sector agrícola. Esto sugeriría que sin las transferencias la pobreza podría haber sido aún peor en el sector rural", acota el Estudio, a propósito de la sequía y la crisis que golpearon fuerte al campo en 2009.

En términos de recursos destinados a los programas de transferencias condicionadas, Paraguay también está en la cola en América Latina. La proporción de la población en pobreza extrema del país cubierta por este mecanismo es del 8,23 %, cuando en Ecuador, por ejemplo, es del 41,24 %.

EL DESAFÍO ES MEJORAR LA INSTITUCIONALIDAD

Uno de los elementos más importantes para abordar el fenómeno de la pobreza es contar con una férrea institucionalidad en el área social, manifestó el investigador mexicano Miguel Szekely, quien participó en la presentación del Estudio del BM.

Y los desafíos a nivel local son altos puesto que Paraguay tiene uno de los niveles más bajos de institucionalización de la política social en la región. En 2010, solo figuró por encima de República Dominicana y El Salvador.

A juicio del experto, quien fue viceministro de Desarrollo Social de México, hay diez mandamientos que tiene que cumplir una nación en esta problemática:

-Existencia de un ministerio cuyo principal mandato sea el combate a la pobreza.

-Establecimiento de objetivos concretos en un Plan o Programa Nacional.

-Definición y adopción de indicadores de evaluación del cumplimiento de objetivos.

-Marco jurídico que establezca responsabilidades, facultades y atribuciones por actor.

-Presupuesto para ejercer facultades.

-Mecanismos explícitos de coordinación intra y entre órdenes de Gobierno.

-Contraloría social e instancias de participación y atención ciudadana.

-Existencia de Reglas de Operación para Programas y Acciones.

-Construcción de registro de beneficiarios.

-Marco jurídico para reglamentar el comportamiento y conducta de funcionarios.

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