Política

Ganaderas deforestaron bosques de la Itaipú con y sin su autorización

Varias empresas dedicadas a la cría de ganado lograron que la binacional les otorgue permisos para montar “abrevaderos” que también se convirtieron en puertos clandestinos para tráfico ilícito.

La Itaipú Binacional en el lado paraguayo otorgó permisos a industrias agroganaderas para montar “abrevaderos” dentro de la franja de bosques de protección o poligonal envolvente, área de 1.524 kilómetros que va desde Hernandarias hasta Saltos del Guairá, pero varios se convirtieron en puertos clandestinos. Otros dedicados al mismo rubro, simplemente invadieron las tierras de la binacional.

Estos pasos de servidumbre autorizados para llegar al río Paraná o Lago de Itaipú son casi cien en total, según detallaron los abogados de la Itaipú Binacional, quienes señalaron que el resto de los que se ven son clandestinos y ciertamente varios fueron utilizados para el tráfico ilícito.

Contratos. “Pocos son los contratos de abrevadero, no llegan a 100, se habían firmado este grupo cuando la doctora Manuela estaba como gerente ambiental. Evidentemente, hay muchas ocupaciones furtivas en tránsito, porque nadie se queda, ese es el tema, pero no es que nosotros estamos legalizando como abrevaderos esos puertos clandestinos, son simplemente invasiones. Pero sí, vamos a hacer nuestras consultas y pesquisas, porque es alarmante esa cifra de puertos clandestinos, y alguno que otro habrá, porque la misma información que vos manejás nosotros también escuchamos, pero las evidencias no tenemos”, dijo a ÚH Oscar Bogado, de la Dirección Jurídica de la Itaipú Binacional.

Pirápytã. Una de las ganaderas con mayor extensión en el distrito de Santa Fe del Paraná, Departamento de Alto Paraná, es la agroganadera Pirápytã, de la empresa Hermanos Galhera Agro Valle del Sol SA. Cuenta con 2.329 hectáreas que lindan con zonas deforestadas de la franja de Itaipú.

El presidente de dicha firma es Antonio Francisco Galhera, brasileño y dirigente de Honor Colorado, quien figura además en un Informe de la Contraloría como beneficiario de G. 50 millones de Itaipú sin respaldo documental.

La empresa también es una de las denunciadas por campesinos por el caso de la muerte de Rubén Portillo, uno de los 23 intoxicados de la colonia Yerutí, en Canindeyú, el 6 de enero de 2011.

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