El Frente Parlamentario contra la Corrupción destacó el informe de la Contraloría General de la República (CGR), en el cual sugiere al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la suspensión de los pagos relacionados con el llamado licitatorio del denominado como puente de oro, como también deslindar responsabilidades ante las irregularidades detectadas en el proceso, entre ellas, la ausencia de fundamentación del precio referencial y del estudio de mercado en el llamado de referencia.
En contacto con Última Hora, la diputada Kattya González, presidenta del Frente Parlamentario, dijo que el MOPC tiene un presupuesto que está gastando en obras públicas de alrededor de USD 1.000 millones y que si en una obra de USD 2 millones se detectan esta serie de irregularidades, se tiene una muestra de que hay que empezar a establecer auditorías muchas más precisas en todo lo que hace a la actuación de la institución.
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La legisladora manifestó que espera que no sea una muestra representativa y que no se encuentren con similares circunstancias en otras obras, ya que en el caso del puente de ñandutí existieron inconsistencias y falta de planificación, que van desde el mismo pliego de bases y condiciones, la falta de concurso y sin tener en cuenta precios referenciales, además de una matriz de diseño que se encontró en internet y que se fijó en más de G. 2.000 millones solo en diseño.
El informe de la Contraloría General recomienda la intervención de la Unidad Operativa de Contrataciones del MOPC y otras unidades que tuvieron intervención en las diferentes etapas del proceso, a través de un sumario administrativo.
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De igual manera, señala el incumplimiento del artículo 15 de la Ley 2051, que establece que la convocante, en este caso el MOPC, debía realizar una estimación de costos para iniciar cualquier proceso de compra.
También evidencia la falta de planificación por parte del MOPC al momento de elaborar el pliego en bases a un proyecto estimativo meramente conceptual, sin definición del diseño y sin realizar un concurso artístico, siendo este ítem sustancial.
Entre otras cosas, sostiene que son injustificables los convenios modificatorios y señala la falta de previsión adecuada en la planificación y proyección de la obra a través de modificaciones importantes y sustanciales incorporadas luego de la firma del contrato.
Finalmente, también menciona que la convocante no consideró realizar la convocatoria con una precalificación, teniendo en cuenta el alto costo programado y la falta de inclusión de todo lo relacionado con el diseño, lo cual generó una serie de modificaciones y costos.
El puente peatonal que une el Parque Ñu Guasu y el Comité Olímpico desató una serie de críticas de la ciudadanía por su supuesto diseño de ñandutí, como también por su inclinación y altura.
Posteriormente, también se supo que el precio era de G. 14.000 millones, considerado demasiado elevado por diputados y los internautas, además de haber sido adjudicado a la firma Engineering SA, conocida durante este Gobierno por ser la “superproveedora” del Estado.
