Algunos políticos tienen una visión restrictiva de todo esto. Y han decidido que solamente sus partidos pueden participar, después de las votaciones.
La ciudadanía rechaza esta interpretación y organizadamente defiende este derecho constitucional.
Todavía lo ejercita pero, en todas las naciones, poco a poco se le va frenando.
Antes la policía los acompañaba para proteger este derecho. Ahora, “por orden superior”, la policía lo limita, comenzando por aquello de hacerse acompañar por la FOPE para infundirnos miedo.
En muchas manifestaciones alegan desmanes, incitados por provocaciones de ella misma o realizados por policías de paisano.
Antes había respeto hacia quien expresaba su disenso en grupos y públicamente. Ahora se detiene por simples sospechas en una manifestación a quien es joven o va mal vestido. Eso, además de golpes o ataques con gas pimienta. Si no nos hacemos fuerte en rechazar esta violencia, pronto nos harán huir con descargas eléctricas.
Lo último es frenar la participación del Pueblo con multas arbitrarias, de las que la policía no tiene que dar pruebas.
Esto en España, el ministro del Interior lo ha querido ejecutar, y en parte ha tenido que dar marcha atrás. En las manifestaciones se castiga con multas desde 30.000 a 600.000 euros por fotografiar a la policía actuando, por concentraciones sin permiso ante el Congreso, por escraches a cargos públicos.
Cuando un gobierno es corrupto no soporta que la ciudadanía se lo diga y lo impide con la violencia de los golpes y ahora con multas, que si no se pagan llevan automáticamente a la cárcel.
Es necesario celebrar un congreso de todas las organizaciones de la sociedad civil organizada sobre el tema “DDHH y represión en las manifestaciones”.