Muchísimas de estas están siendo afectadas por pérdidas económicas debido a la recesión, por la enfermedad de algunos de sus miembros y por el endeudamiento derivado de los gastos en salud. Pero lo peor de todo son las pérdidas de vidas.
Muchos fallecimientos podrían haberse evitado si hubiéramos contado con sistemas de Salud y de protección social que funcionen. La debilidad del sector público para hacer cumplir las normas no pudo con las fiestas clandestinas y el incumplimiento de las normas para prevenir la enfermedad en los negocios y el transporte público.
La cuarentena inicial fue insuficiente para solucionar los problemas estructurales y de larga data, por lo que hoy estamos ante una situación insostenible donde solo caben medidas de urgencia ya no para prevenir o solucionar, sino apenas para mitigar levemente las dolorosas consecuencias.
Los fondos sociales de las empresas binacionales constituyen un paliativo urgente y necesario. Sin embargo, referentes del Gobierno y de la ANR continúan en su afán por usar de manera opaca y para intereses ajenos a la pandemia estos recursos. Los argumentos en contra son falaces y mediocres y no resisten ningún debate inteligente.
Cualquier persona que conozca el funcionamiento del Estado sabe que los recursos que se inviertan en el país deben ser controlados y si se invierten en bienes o servicios públicos además deben incorporarse al Presupuesto. Eso no es novedad, la donación de fondos en efectivo de un organismo internacional al Estado se incorpora al Presupuesto. No solo no hay nada en contra, sino que existen normas que obligan a ello.
Lo que no está en discusión son la transparencia y la auditoría social. Las entidades binacionales deben proveer la información sobre los recursos de que disponen y su origen y las entidades que los reciben deben proveer información sobre el destino de los mismos, de manera que la ciudadanía pueda llevar el control de cada guaraní invertido.
El fortalecimiento del sistema de Salud debe ser la prioridad y, dentro de este, el abastecimiento de medicamentos en los servicios públicos. El sufrimiento por el que están pasando las familias debido al Covid exige que el Estado paraguayo provea soluciones. El acceso a medicamentos es hoy urgente y debe ser considerado una prioridad.
El Gobierno, así como está manejando la situación sanitaria, termina beneficiando a pequeños grupos del sector privado. La falta de medicamentos en el sector público obligó a las familias a salir a comprarlos en las farmacias, la propuesta de un Pytyvõ de medicamentos vuelve a beneficiar a las grandes empresas, tal como ya lo hizo el Pytyvõ original cuya modalidad privilegió a los grandes emprendimientos. Al final, la ciudadanía termina recibiendo una mínima proporción de los beneficios.
Los recursos sociales de las binacionales deben dirigirse a beneficiar a la población y, además, de manera transparente. La ciudadanía ya no acepta ningún argumento en contra.
