La secretaria ejecutiva del Equipo Económico insistió en que la legislación tiene varias falencias que dificultarían su aplicación y su efectividad como mecanismo de asistencia.
Explicó que la normativa no cuenta con un criterio de focalización para llegar a los comerciantes y trabajadores más afectados, ni fija un periodo de catastro para la elaboración de un listado fidedigno, considerando que el financiamiento es público.
A esto, prosiguió, los cálculos preliminares hechos por el Fisco indican que se necesitarían entre USD 50 y USD 60 millones para financiar este programa de subsidios, pero la ley autoriza a utilizar solamente USD 10 millones.
“Entonces, ¿cómo hacemos para elegir a quién pagar?”, se preguntó Marín.
Tras la sanción de la ley el miércoles, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, ya había manifestado los reproches de la cartera. Dijo que analizarían el documento a profundidad para luego hacer una recomendación al Ejecutivo, aunque tanto él como Marín no quisieron hablar aún de un veto.
Alternativa. La subsecretaria de Estado subrayó que, mientras tanto, siguen trabajando en una propuesta viable para presentarla a gremios de comerciantes fronterizos.
Recordó que días pasados mantuvieron una reunión “bastante positiva” con los afectados y que se acordó la presentación de un nuevo plan la semana entrante.
La normativa sancionada el miércoles otorga subsidios trabajadores y comerciantes ubicados en Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez, Villa Oliva, Villa Franca, Natalio, Mayor Otaño y San Rafael del Paraná. Para los comerciantes, la subvención fijada es de G. 3.000.000, hasta en 3 ocasiones; mientras que para los trabajadores es de G. 500.000, también hasta en 3 ocasiones.
La Cifra
60.000.000 de dólares podría llegar a costar el programa de subsidios a comerciantes y trabajadores de zonas fronterizas con Argentina.
