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Fiscalía solicitará nuevamente la prisión preventiva para Ferreira

 

El Ministerio Público reiterará el pedido de prisión preventiva para Patricia Ferreira y Nidia Godoy, procesadas en el caso Insumos Médicos SA (Imedic), en la próxima audiencia, ya que fue revocado el arresto domiciliario.

El Tribunal de Apelaciones anuló el pasado 31 de julio la resolución de la jueza Lici Sánchez, en la que se benefició a ambas imputadas con el arresto en casa y ahora otro juez debe fijar una nueva audiencia de imposición de medidas.Según fuentes de la Fiscalía, se solicitará de vuelta, como en un inicio, la prisión preventiva para la presidenta y la directora titular de Imedic en la nueva audiencia.La anulación se resolvió, tomando en cuenta que la Fiscalía apeló la resolución, ya que fue notificada solo 11 minutos antes de que se inicie la audiencia para Ferreira, el pasado 22 de julio, y 26 minutos antes, en el caso de Nidia Godoy.RECUSACIÓN La semana pasada, Godoy recusó al camarista José Waldir Servín, quien fue confirmado y logró integrar el Tribunal de Apelaciones junto con Cristóbal Sánchez y Gustavo Ocampos.Posterior a eso, el viernes recusó al fiscal Marcelo Pecci, alegando que existe un “fuego cruzado” y “show mediático” entre el agente y la jueza Lici Sánchez, que ya no está en el caso.La Fiscalía considera la recusación como un “recurso planteado que tendría por objeto evitar que el fiscal (Pecci) partícipe de la nueva audiencia que debe ser fijada en la brevedad”.Esa fue la tercera vez que Godoy presentó un recurso contra el agente, ya que anteriormente había recusado inclusive a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y a 16 fiscales adjuntos.Actualmente, con la revocatoria del arresto domiciliario, las dos representantes de la firma Imedic quedan nuevamente en estado de rebeldía y prófugas de la Justicia.Además, el nuevo juez que debe ser asignado tiene que remitir de vuelta el oficio a la Comandancia de la Policía para que sean buscadas y detenidas. También, con todo esto, debe levantarse el embargo por USD 1.500.000 que se trabó.IMPUTADAS Patricia Ferreira y Nidia Godoy están imputadas por los hechos punibles de producción y uso de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal, junto con el despachante de Aduanas, Néstor Ramírez. Se sospecha que ambas habrían dispuesto a la firma, en el año 2017, para que se realicen operaciones ilícitas como falsificación de documentos. De acuerdo a los documentos encontrados, habrían realizado un total de diez licitaciones irregulares para traer productos oncológicos y para terapia intensiva desde India, vendidos posteriormente al Ministerio de Salud. Además, se habrían vulnerado los controles en la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y en Aduanas.Si bien la empresa ya fue constituida en el 2005, en el 2017 asumieron ambas como presidenta y titular, año en el que iniciaron las compras irregulares del exterior.La Fiscalía encontró un total de diez facturas falsas que Imedic habría utilizado citando a la empresa Eurofarma, del Brasil, para traer de India y China los medicamentos.Con ayuda del despachante de Aduanas se habría logrado burlar los controles.Las facturas presuntamente falsas corresponden a los años 2018 y 2019.Los insumos medicinales “habrían sido negociados y distribuidos peligrosamente fuera de las reglas autorizadas”, de acuerdo con las sospechas del Ministerio Público.El despachante de Aduanas, inclusive, habría adjuntado una guía aérea con contenido “parcialmente adulterado”, que consignaba como importador a Eurofarma (Brasil), lo cual habría dado curso favorable a Dinavisa para otorgar a Imedic la licencia de importación de los medicamentos.

NUEVA AMENAZA A LA SALUD

rECURSO. El fiscal Pecci está recusado en la causa y sospechan que es para que no esté presente en la audiencia.

10
facturas falsas habría utilizado Insumos Médicos para ingresar irregularmente medicamentos al país.

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facturas presumiblemente falsas había presentado la firma Eurofarma en la denuncia contra Imedic.

1.500.000
dólares es el embargo de la fianza real que debe ser levantada, con la revocatoria del arresto en casa.

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