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Fiscalía recibe informes en investigación sobre venta del ex puerto Nanawa

La Fiscalía recibió varios informes en el marco de la investigación de la venta del ex puerto Nanawa a una empresa multinacional, que fue realizada por el intendente de Concepción, Alejandro Urbieta, con el aval de la Junta Municipal.

La Fiscalía recibió informes de la Procuraduría General de la República, sobre bienes públicos y privados, con relación a la venta del puerto Municipal o ex puerto Nanawa a la firma T.L.P. SA.

Además, se cuenta con informes del Poder Judicial sobre el juicio civil entre la Municipalidad y el Ministerio de la Defensa Pública.

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Igualmente, se realizaron todas las diligencias patrimoniales con relación a los dueños de Alco Sur, quienes serían los que adquirieron el predio en conflicto y la relación de bienes, informaron desde el Ministerio Público.

A fin de conocer el valor de los inmuebles de la zona, se realizó un estudio del promedio del precio de mercado, así también se realizaron pericias a través de la planimetría georreferencial.

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Los detalles de los informes recibidos no fueron dados a conocer a los medios de comunicación por el Ministerio Público.

Todas las informaciones fueron entregadas este lunes a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por los fiscales de la Unidad Especializada de Anticorrupción, Soledad Machuca; el fiscal adjunto, Ricardo Merlo; la directora de Gabinete, Teresa Aguirre; y los fiscales Luis Piñánez, Yolanda Portillo y Natalia Fuster.

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Un grupo de ciudadanos piden la renuncia del intendente Alejandro Urbieta por supuesta falta de transparencia administrativa, pero también buscan la intervención de la Municipalidad.

Los pobladores creen que la venta del ex puerto Nanawa por USD 700.000, prácticamente, es un regalo, por lo que debe ser renegociada. Alegaron que el terreno tiene un valor superior, teniendo en cuenta que son 6,2 hectáreas ubicadas a orillas del río Paraguay.

Otros procesos contra Urbieta

Urbieta había sido beneficiado con medidas alternativas a la prisión tras ser imputado por desacato judicial al negar información pública solicitada por una comunicadora.

Pero, además, soporta otro proceso por lesión de confianza y apropiación. De acuerdo con la denuncia, descontaba aportes de los funcionarios y no los depositaba en la Caja Jubilatoria; por el caso estuvo 10 días con prisión domiciliaria.

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