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Fiscalía rechaza responsabilidad en extinción de causa contra ex torturadores

El Ministerio Público deslindó su responsabilidad en la extinción de la causa contra ex torturadores del régimen stronista, alegando que la investigación no fue iniciada por un fiscal sino por un juez, en 1995. Además, recordó que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.

En un comunicado emitido este jueves, el Ministerio Público sostuvo que no fue el encargado de la acción penal porque, cuando inició la causa contra los ex torturadores del régimen stronista Camilo Almada Morel, alias Sapriza, y Eusebio Torres Romero, en el año 1995, regía el anterior Código Penal. La investigación estuvo a cargo del entonces juez instructor Atilio Rodríguez.

Sin embargo, un año después, no existían procesados presos, ni diligencia alguna para seguir con la investigación. En el 2002, otro juez, Wilfrido Peralta, les otorgó el sobreseimiento provisional.

Durante el miércoles, se conoció que el Tribunal de Apelación integrado por Emiliano Rolón, Bibiana Benítez y Pedro Mayor Martínez extinguió la causa contra los ex torturadores. La razón fue por la “extremada dejadez del Ministerio Público”. Pero, al respecto, la Fiscalía argumenta que en ese momento aún no funcionaba como órgano acusador, por lo que correspondía al Poder Judicial llevar adelante los actos investigativos.

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En el 2007, la defensa de los acusados solicitó la extinción de la causa y sobreseimiento definitivo, pero la jueza Sandra Farías rechazó el pedido. Su fundamento se basó en que la tortura y otros delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.

En ese sentido, el Ministerio Público criticó que el Tribunal no haya tomado en cuenta ese dato de la no prescripción. Los propios camaristas revocaron la resolución dictada por la jueza en la decisión conocida ayer.

Por otro lado, la Fiscalía indicó que desde el 2009, debido a una serie de inhibiciones, no se logró conformar el Tribunal de Apelaciones. Incluso, el propio Ministerio presentó “urgimientos para el avance” del caso.

Alegó que recién en el 2017 se logró integrar una Cámara y, en marzo del 2019, se confirmó esa conformación. Mientras que la notificación llegó a la Fiscalía el 29 de marzo del 2019.

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El Ministerio Público aseveró que su rol en las causas que se encuentran en transición, regidas en el marco del Código Penal anterior, solamente se limita a correr el traslado de la vista para los dictámenes. Considera que los magistrados emitieron una “opinión subjetiva y desacertada” en cuanto a las responsabilidades respectivas de la instituciones que intervienen en este tipo de casos.

“No es la primera vez que se intenta atribuir la responsabilidad al Ministerio Público, sobre una competencia o aplicación de la Ley que corresponde a otro órgano jurisdiccional”, agregó.

La decisión de los jueces fue repudiada por la Mesa Memoria Histórica. Cuestionó que no es el primer caso cajoneado en el Poder Judicial. En el caso, también estaban procesados el ex presidente Alfredo Stroessner y su ex ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro, ya fallecidos.

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