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Fiscalía presenta acusación contra intendente de San Antonio

La agente fiscal Gladys González Falcón presentó acusación este jueves contra el intendente de la ciudad de San Antonio, Raúl Isaac Mendoza Ramos, por el presunto hecho punible de lesión de confianza, ocurrido durante su administración en el periodo 2010/2015.

La representante del Ministerio Público, Gladys Falcón, pidió a la jueza penal de Garantías 3 de Lambaré que la causa contra el actual intendente de San Antonio, Raúl Mendoza, por el presunto daño patrimonial a la Comuna de G. 715.303.500, sea elevada a juicio oral y público.

La denuncia contra el intendente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) fue presentada por ciudadanos miembros de comisiones vecinales de la ciudad de San Antonio, entre ellos también concejales y ex concejales municipales, docentes, padres de alumnos y vecinos de la comunidad.

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La acusación refiere que el intendente procedió a desviar fondos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y de los royalties, por lo que el Ministerio de Hacienda procedió a suspender los recursos, produciendo graves perjuicios patrimoniales a los destinatarios finales de los programas, ya que tienen como fin garantizar el almuerzo y merienda escolar, además de mejoras en infraestructura de instituciones educativas.

De la misma manera, el Ministerio Público detectó irregularidades en la construcción de aulas y mantenimientos de la escuela San Miguel y Oñondivepa de San Antonio.

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La Fiscalía ordenó la realización de pericias contables y una auditoría externa, con lo que se obtuvo como resultado final un presunto daño patrimonial de G. 715.303.500.

Los investigadores también recolectaron numerosos documentos e instrumentos como cheques, órdenes de pago, que fueron sometidos a la pericia.

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El intendente fue reelegido por segunda vez como jefe comunal, pero en los últimos cuatros años la Junta Municipal rechazó su balance, por la falta de documentos respaldatorios.

Entretanto, la Cámara de Diputados conformó la creación de comisiones especiales para estudiar las solicitudes de intervención de los municipios de San Antonio y Juan E. O’Leary.

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