Política

Fiscalía pide que los tres caseros del diputado Rivas vayan a un juicio oral

Investigación concluyó que no prestaron servicio alguno a la Cámara Baja, pero figuraban como funcionarios a cargo del diputado Rivas. Legislador está imputado, pero aún no fue desaforado.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer al Juzgado de Garantías N°4 de la capital que tres caseros del diputado Tomás Éver Rivas enfrenten un juicio oral y público por haber cometido los delitos de estafa y cobro indebido de honorarios. Se trata de los empleados privados que el legislador hizo figurar como funcionarios de la Cámara Baja cuando en realidad trabajaban exclusivamente en propiedades de Rivas.

La acusación fue formulada por la fiscala Yolanda Portillo y es en contra de Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Franco González. El primero era el casero de la casa en Lambaré de Rivas, el segundo era encargado de una estancia familiar del legislador en el Departamento de Paraguarí y el tercero era empleado de un comercio de Rivas en el centro de Ybycuí.

En la causa penal –que se abrió tras publicaciones de ÚH que revelaron con imágenes y videos cómo los supuestos funcionarios a cargo de Rivas en realidad trabajaban en sus propiedades– también está imputado Rivas. Sin embargo, el legislador de Honor Colorado aún goza de sus fueros parlamentarios y nunca se sometió al proceso. Su caso está actualmente congelado en la Corte Suprema.

PRUEBAS. La principal evidencia que complica a los caseros es el registro de la ubicación de las llamadas entrantes y salientes de las líneas de teléfonos celulares que ellos declararon como suyas ante la Dirección de Recursos Humanos de Diputados.

Los datos señalan que entre julio de 2016 y marzo de 2017 ninguno de ellos estuvo siquiera cerca del Congreso en los días de sesiones ordinarias y extraordinarias en las que sí participó Rivas en su calidad de legislador.

Por otra parte, la Fiscalía también cuenta con una pericia a las planillas de asistencia a la Cámara de Diputados firmadas por los caseros y refrendadas mensualmente por el diputado Rivas.

Al respecto, el requerimiento fiscal señala que “la pericia documentológica da indicios de que las planillas fueron firmadas todas de una vez, y esta circunstancia condice (sic) con la declaración del director de Recursos Humanos, que señala que las planillas se encontraban en poder del diputado nacional Tomás Rivas para la firma de los mismas”.

Además, la misma pericia concluye que “las letras de las personas que graficaron” las horas de entrada y salida de los acusados en las planillas no coinciden con las letras de los acusados. “Lo que da como conclusión que fueron realizadas por distintas personas y no por quien debía lógicamente estampar la hora de entrada y salida, que eran los acusados”, sostiene el Ministerio Público.

Asimismo, los registros técnicos de las señales de sus teléfonos y los informes sobre los lugares en donde retiraron los sueldos del Congreso coinciden con las publicaciones de ÚH sobre dónde trabajaba realmente cada uno.

“Se prueba con el informe de Bancard que incluso las extracciones de dinero realizadas por los acusados, en días laborales, se hicieron en la zona de Paraguarí, información coincidente con el informe de las antenas de los celulares utilizados por los acusados, que señalan que en esos días se encontraban en esa zona del país y no en Asunción”, dice la acusación. Los registros también ubican a Chaparro en Lambaré en los días de sesión.

Según los datos, Franco contaba con un sueldo mensual de G. 3 millones; Chaparro con uno de G. 2 millones y Romero también ganaba G. 2 millones.

Juzgado debe convocarlos a una audiencia preliminar
La acusación de la Fiscalía fue presentada ante el Juzgado Penal de Garantías N° 4, que ahora deberá convocar a las partes a una audiencia preliminar.
El juzgado anteriormente estaba a cargo del juez Rubén Riquelme; sin embargo, este renunció a la magistratura a principios de octubre pasado.
En su reemplazo quedó el juez Leonardo Ledezma, señalaron desde el Poder Judicial.
En la audiencia preliminar el juez Ledezma deberá resolver si eleva el caso a un juicio oral como solicitó la representante del Ministerio Público, o bien sobresee a los acusados.Riquelme había aceptado la imputación en contra de los caseros y Rivas y comunicó a la Cámara Baja el inicio de la causa penal al diputado para que sea desaforado.
Sin embargo, mediante chicanas jurídicas y la complicidad de sus colegas en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Rivas consiguió paralizar su proceso de desafuero hasta ahora. La imputación en su contra fue presentada en mayo de este año.

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