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Fiscalía investiga megalavado y posible vínculo con el terrorismo

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, aseguró que la causa sobre megalavado que investiga a los supuestos allegados del vicepresidente Hugo Velázquez sigue su curso y dijo que las pesquisas apuntan a que el dinero remesado por los presuntos implicados pudo financiar el terrorismo.

Sandra Quiñónez indicó que la causa sobre megalavado no está congelada y reveló que las pesquisas apuntan a que el dinero remesado por el esquema que está en la mira del Ministerio Público pudo haber servido para el financiamiento del terrorismo.

Las fiscalas Gilda Villalba (adjunta) y Fátima Villasboa están al frente de un equipo de casi 15 funcionarios del Ministerio Público, quienes investigan varias empresas reales y de maletín que registraron transferencias al exterior por al menos USD 1.200.000.000.

Estas firmas estarían vinculadas a Ricardo Galeano Fariña y su socio comercial Walid Amine Sweid, supuestos allegados del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.

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La hipótesis de los investigadores es que el movimiento de dinero pudo haberse dado para el financiamiento de grupos terroristas, como el Hezbolá. La Fiscalía recibe el apoyo en las pesquisas de los Estados Unidos.

Sobre la situación de Hugo Velázquez, la fiscala general dijo: “No estoy defendiendo al vicepresidente, pero hasta el momento no estamos encontrando una vinculación suya con el terrorismo”. Esto, pese a que hay indicios de vínculos del segundo del Poder Ejecutivo con los supuestos implicados en la causa.

Según publicaciones de Última Hora, Walid Armine Sweid es cercano al ahora vicepresidente Velázquez (ex diputado), a inspectores de Aduanas y al ex embajador paraguayo ante el Líbano Hassan Khalil Dia.

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La investigación del caso inició en 2014, pero hasta la fecha no hay ninguna persona imputada.

Sandra Quiñónez confirmó que cuando asumió al frente del Ministerio Público no tenía conocimiento sobre la investigación, pero que cuando lo supo ordenó que la misma sea reencausada.

En este sentido, negó que la pesquisa haya estado congelada y adelantó que "habrá novedades antes de fin de año".

Aseguró, además, que el equipo de investigación tiene pendiente el registro de tres habitaciones repletas de documentos y que prácticamente tuvieron que empezar de cero “porque había oficios que nunca se remitían".

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Sanción a chicaneros

Sobre las recusaciones que interrumpieron el proceso durante años, la fiscala general dijo que se reunió con ministros de la Corte Suprema de Justicia, quienes le anunciaron que se tomarán medidas para destrabar estas impugnaciones realizadas por los abogados.

Según los antecedentes, la defensa de Ricardo Galeano Fariña, el supuesto cerebro de toda la estructura logística del conglomerado de empresas, recusó a diferentes fiscales a los que se les asignó la causa.

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“Son recusaciones que a veces no tienen la fortaleza necesaria para que un fiscal sea apartado del caso y automáticamente se debe impugnar”, aseveró Quiñónez.

Dijo que los ministros prometieron celeridad y que si no se presentan recusaciones sustentables, los “abogados chicaneros” serán sancionados.

Alegan que trabajan de forma legal

Los empresarios Ricardo Galeano y Walid Amine Sweid, propietarios de Global Logistic Solution SA, una empresa de transporte aéreo, mencionaron que dicha firma trabaja de forma legal.

Galeano dijo que los USD 1.200.000.000 que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) declaró como movimientos sospechosos se trata de una suma que se remitió al extranjero para compra de mercaderías.

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Además manifestó que la Seprelad no se preocupó en preguntar a Aduanas si dicho monto tiene contrapartida de despacho de importación.

Finalmente expresó que los importadores recusaron a todos los fiscales anticorrupción, debido a que supuestamente realizaron allanamientos sin evaluar los documentos.

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