Fiscalía General arma una confusión en el caso de la muerte de Rodrigo
La fiscala Teresa Rojas fue confirmada en la causa luego de un mes de ser recusada por el comisario Tomás Paredes Palma, uno de los imputados por el atropello a la sede del PLRA, donde falleció el joven.

La Fiscalía General del Estado dispuso la asignación de las agentes fiscales Teresa Rojas y Marlene González para que investiguen la muerte del joven Rodrigo Quintana, ocurrida entre el 31 de marzo y 1 de abril del 2017 en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), tras la quema del Congreso Nacional.

La resolución salió ayer, tras publicaciones de este diario donde confirmaban a la fiscala natural de la causa, Raquel Fernández, a pesar de que la propia agente había pedido ser apartada tras filtrarse cruces de llamadas entre ella y Luis Canillas, asesor de Yacyretá.

Fernández se había negado rotundamente a solicitar a las telefónicas los extractos de llamadas realizadas la noche en que se le asesinó al joven liberal tras un asalto al PLRA.

Pese a ello, la máxima instancia del Ministerio Público rechazó la recusación planteada por los abogados querellantes Guillermo Duarte Cacavelos y Santiago Lovera. Aunque reasignó a la agente fiscal Silvana Otazú hasta tanto se resuelva y quede firme la impugnación pendiente ante la Corte Suprema. Es decir, en caso de que los ministros rechacen la impugnación contra Fernández, la misma podría volver a manejar la causa en cuestión.

ping pong. Otazú decidió inhibirse por amistad con el querellante y la causa pasó a su colega Silvia Cabrera, quien decidió impugnar la decisión de la fiscala. Pero, por otra parte, nuevamente desde la Fiscalía General enviaron ayer un comunicado donde confirman a Rojas y González en el caso penal.

Esto debido a que la Corte Suprema de Justicia comunicó a la Fiscalía General del Estado que no consta impugnación contra la agente fiscal Teresa Rojas; por lo tanto, la misma queda firme como fiscala titular de la causa.

Rojas había sido recusada en enero pasado por parte de la defensa del comisario Tomás Paredes Palma, quien se encuentra imputado por inducir a un subordinado a cometer un hecho punible.

Pero hay un detalle más, Rojas se encuentra de vacaciones, por lo tanto solamente González tendrá que intervenir y realizar las diligencias investigativas.

La representante del Ministerio Público cuenta tan solo con 54 días para presentar acusación contra Gustavo Florentín, el policía que habría disparado al joven liberal.

Así como también deberá dilucidar el cruce de llamadas entre los altos mandos de la Policía Nacional y el Ejecutivo, tratando de averiguar quién dio la orden para que se ingrese a la sede partidaria.

Entre los números de celulares se confirmó que tanto el presidente de la República, Horacio Cartes, como su jefe de Gabinete, Juan Carlos López Moreira, se comunicaron con quien era el comandante de la Policía, Críspulo Sotelo, en la noche del 31 de marzo de 2017.

En tanto, por otra parte, otro de los inconvenientes que hacen a la investigación trata sobre un informe remitido por las telefonías Tigo y Personal sobre los registros de llamadas y mensajes de las personas vinculadas al atraco a la sede del Partido Liberal.

Las firmas respondieron que ya no se encuentran disponibles los registros, porque están fuera del plazo de conservación establecido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que es de seis meses.

Aunque luego, el gerente de Asuntos Legales de la empresa de telefonía Tigo, Miguel Almada, afirmó que los datos se encuentran en su totalidad y que realizaron un gran esfuerzo para conseguir esos datos, de manera que la Fiscalía los tenga íntegros y limpios. Esta diligencia está pendiente.

Al filo de la medianoche del 1 de abril del año pasado se desató la tragedia.

Un grupo de policías ingresaron al local liberal y tras reducir a cerca de 100 personas, incluyendo autoridades, dispararon y mataron a Quintana, dirigente de la filial de Paraguarí.

Embed



Abogado querellante denuncia obstrucción a la investigación

El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, querellante en la causa "Gustavo Adolfo Florentín y otros s/ homicidio doloso y otros", que investiga los sucesos acontecidos tras el intento de enmienda, cuando asesinaron al joven Rodrigo Quintana, aseguró que el Ministerio Público está buscando obstruir la investigación penal con lo resuelto ayer, atendiendo a que él por lo menos desconoce dónde está la carpeta fiscal en estos momentos. Indicó que hay un pinponeo dentro de la Fiscalía sobre el caso según los datos extraoficiales que le pasaron, ya que él no recibió documentos sobre la designación de la fiscala Teresa Rojas para investigar. "No tengo noticias, nadie me notificó. Es un chisme para mí, porque no tengo ninguna resolución que le asigne a ella. Y además, ella está de vacaciones", declaró.
Dijo que en caso de que sea cierta la designación de Rojas, él estará conforme. En tanto hoy impugnará la nueva resolución de la Fiscalía que confirmó a la fiscala Fernández en la causa.