El Ministerio de Hacienda desgranó su argumentación en torno a una aclaración sobre el veto del proyecto de ley N° 6190/2018, que amplía el presupuesto de la Fiscalía para el presente ejercicio fiscal. Con relación a los aumentos salariales, la cartera menciona que se otorgan incrementos entre el 10% y el 18%, los cuales constituyen una clara violación de la Ley N° 5098.
Según el Fisco, en el proyecto de ley en cuestión se establecen aumentos salariales (y el correspondiente aporte patronal a IPS) y creaciones de cargo para el Ministerio Público, a partir de noviembre de este año, por G. 18.041.016.773 con fuente de financiamiento 10 Recursos del Tesoro. “No se incluyen aumentos de rubros relacionados a la compra de insumos o alquileres, ni de otro tipo de gastos relacionados al funcionamiento de la Fiscalía”, agrega.
mucho aumento. De acuerdo con lo contemplado en la ley citada, uno de los aspectos que enfatiza Hacienda es que, si entraba en vigencia la normativa, el cargo de fiscal general del Estado iba a experimentar un aumento en sus ingresos mensuales del 10%; mientras que un asistente fiscal tendría un 18% de incremento en sus haberes. Si entraba en vigencia, la fiscala general iba a cobrar G. 39.821.060; mientras que un agente fiscal recibiría G. 20.324.100.
Para el Fisco, el costo adicional de esta ley en gastos rígidos, para el próximo y los siguientes años, es de por lo menos G. 113.352.048.783 anuales. El ministerio menciona el artículo 7 de la Ley N° 5098 “De responsabilidad fiscal”, en cuanto a reglas macrofiscales para la elaboración y aprobación del PGN, que establece: inciso 3) No se podrán incorporar incrementos salariales, excepto cuando se produzca un aumento en el salario vital mínimo y móvil vigente. El aumento será como máximo en la misma proporción y se incorporará en el Presupuesto del siguiente Ejercicio Fiscal”, aclarando que el último aumento del salario mínimo fue del 3,5%.
otros pedidos. Además, se debe tener en cuenta que estos incrementos salariales abren la posibilidad a solicitudes de aumentos en cascada de entidades como la Corte Suprema de Justicia o del Ministerio de la Defensa Pública, por sobrepasar techos salariales para autoridades y cargos jurisdiccionales, según advierte Hacienda.
