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Fiscales repudian la no confirmación de Jalil Rachid en Curuguaty

Tras darse a conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar fuera del Ministerio Público a Jalil Rachid, como fiscal de Curuguaty, la Asociación de Agentes Fiscales (AAF) cuestionó la medida y calificó que se trata de un acto arbitrario.

Por medio de un comunicado, la Asociación de Agentes Fiscales manifestó su preocupación ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no confirmar a Jalil Rachid como agente fiscal en la ciudad de Curuguaty, Departamento de Canindeyú.

A criterio del gremio, la medida del órgano judicial no tiene fundamentos y representa un acto arbitrario que podría ser el inicio de la ruptura de la independencia que sostiene al sistema de Justicia en el Estado.

“Lo sucedido constituye un debilitamiento de la independencia y autonomía con las que debe contar todo magistrado para el cumplimiento de su función constitucional”, expresa el documento.

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Jalil Rachid fue designado -con el mejor puntaje final- en la terna para la vacancia de agente fiscal zonal junto con Alfonso Mascareño y Aníbal Fernández, por decisión del Consejo de la Magistratura.

Su posible regreso a la Fiscalía de Curuguaty significó el repudio de las familias de los campesinos condenados por el caso del enfrentamiento ocurrido en Marina Cué, también conocido como la Masacre de Curuguaty, en junio de 2012, donde fallecieron 11 civiles y seis agentes policiales.

No obstante, este martes la Corte resolvió designar a Alfonso Moscareño como fiscal de Curuguaty.

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La asociación de fiscales argumentó que Rachid cumple con todos los requisitos establecidos por la Constitución de la República, además goza de amplia trayectoria en el Ministerio Público y no se encuentra en proceso de enjuiciamiento en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Finalmente, el gremio expresó su solidaridad al ex fiscal, quien quedó fuera del Ministerio Público.

Su labor como investigador del caso Curuguaty le valió duros cuestionamientos por parte de organizaciones civiles y de derechos humanos hasta que dejó la causa para asumir como viceministro de Seguridad, cargo al que renunció en el 2017 para volver al Ministerio Público.

Se desempeñó en la Fiscalía del Medioambiente, de Asunción, pero tuvo que volver a concursar al cumplirse los cinco años de función en la institución.

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